Ya pasaron casi 7 años de la creación de Cannava, la empresa estatal que dirige Gastón Morales, hijo del ex gobernador y de la cual poco y nada se sabe sobre las ganancias, la producción y venta de sus productos, cuestiones que el abogado Juan Giusti quiso dar luz con un pedido de información pública que no obtuvo, sino que por el contrario, sí recibió una demanda del propio Gerardo Morales y que hoy se conocerá los alegatos del juicio en su contra.
La audiencia está prevista a las 8.30 en la Cámara Civil y Comercial y el tribunal lo encabeza la Dra. Elba Rita Cabezas. Las partes involucradas son Gerardo Morales y Juan Giusti. El ex mandatario alegó a la mala intención que tuvo el abogado respecto a los dichos que realizó en las cuales señalaba que Jujuy se iba a convertir en un narco Estado.
“Reconoce que hice investigaciones que son temas de interés público, pero él dice que hay despreocupación y malicia, y que la información que dije es malintencionada, que le constituye una lesión a su círculo íntimo. Que la información que proporcionó Justicia es totalmente falsa y que lo traté de delincuente y que lo trataba de narcotraficante”, detalló Giusti a JD sobre la demanda por la cual hoy debe comparecer.
Sobre estas acusaciones, el abogado aclaró “nunca lo traté de narcotraficante, sí dije que quería hacer un narcoestado porque quería plantear 10.000 hectáreas de marihuana”. Las expresiones de Giusti tienen argumento jurídico: el Código Penal Argentino indica como delito de narcotráfico y tráfico de estupefacientes a quienes siembren, cultiven o guarden plantas o semillas apta para la producción de estupefacientes. Frente a estas normas, Morales tuvo que convenir con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, un acuerdo de habilitación.
A pesar de ello, el fiscal federal Guillermo Marijuan iniciaba en abril de 2019 una investigación respecto a la creación de Cannava y su marco legal.
Desde aquel entonces, Giusti junto a Alejandra Cejas -que todavía era diputada provincial- comenzaron a cuestionar las maniobras de la empresa estatal, supuestamente dedicada a la producción de aceite de cannabis medicinal. Sin embargo, el abogado accedió al contrato que firmó la provincia con la empresa Green Leaf Farm, la cual se dedicaba a la venta de marihuana con fines recreativos.
“Todas las afirmaciones que hice en mi vida mediática fueron producto de las investigaciones y análisis. Yo no tengo obligación de producir pruebas de verdad, solo el deber genérico de tener buena fe al momento de decir algo, es un deber genérico. De otra forma, se complica seriamente el debate en las sociedades democráticas”, expuso Giusti sobre la demanda que le inició Morales.
Se espera que hoy se conozcan los alegatos, aunque para el abogado la sentencia ya está escrita.