Morales intenta censurar opiniones en medios y redes sociales sobre la explotación de cannabis por el estado

Se conoció la notificación de dos denuncias realizadas por el gobernador Gerardo Morales y su hijo, Gastón Morales, Secretario Legal y Técnico de la gobernación y presidente de Cannava Sociedad del Estado,  al abogado Juan Giusti por declaraciones realizadas en redes sociales y medios de comunicación sobre la explotación de cannabis por parte del estado provincial en la finca El Pongo, también propiedad del estado.

No casualmente, los medios que cita la demanda -El Sumarino de Jujuy y Canal 2- tienen publicaciones con una mirada crítica del gobierno provincial. El común denominador de los soportes que citan padre e hijo Morales es que no están alineados con el gobierno provincial.

La denuncia del primer mandatario y su hijo funcionario es gravísima  en cuanto atenta contra la libertad de expresión y no deja de ser un intento de disciplinar a aquellos que opinen en contra del gobierno provincial. Se trata de otro ejercicio de la intolerancia que Morales instaló en  la provincia para acallar voces y enviar un mensaje disciplinador a través de carpetazos con causas judiciales armadas.

Estas presentaciones judiciales dejan en claro que en Jujuy no se garantiza el efectivo derecho a la información,   ni se tolera la pluralidad de voces en los medios de comunicación. Al gobierno de Gerardo Morales no le interesa que la sociedad esté informada, todo lo contrario. La información y comunicación de los actos de gobierno no están democratizadas para la opinión pública. 

La denuncia "por daños y perjuicios" realizada contra el abogado Juan Enrique Giusti por dar su opinión sobre la explotación del cannabis por Cannava Sociedad del Estado en la finca El Pongo -propiedad de todos los jujeños- en medios y redes sociales como Facebook, detalladas con el link en cada caso, parece más una amenaza que apunta a limitar la libertad de expresión de las opiniones ciudadanas con el código civil y comercial  bajo el brazo del gobernador que ejecuta sus caprichos a través del poder judicial.

En la denuncia le piden al abogado que se rectifique  o ratifique las expresiones realizadas en un plazo de un par de días y además de manera aleccionadora menciona a medios críticos con el gobierno que publicaron expresiones del letrado.

Lo cierto es que en la provincia no se puede acceder a información pública y hay un ocultamiento rotundo de las cuentas públucas y la comunicación institucional no está al orden del día.

Si su interés es que se difunda ante la ciudadanía jujeña información veraz, el gobernador Morales en vez de intentar censurar aquellas opiniones o victimizarse porque dañarían su honor, deberia difundir información detallada y exhibir documentación precisa sobre los contratos comerciales firmados por Cannava, las empresas con las que se asoció y los fines de las mismas. Ya que esa explotación, los recursos empleados y el suelo que se le destinó pertenecen a todos los jujeños.