Por mayoría simple se aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, proyecto ingresado por el bloque oficialista que no fue estudiado en comisión y era desconocido por la oposición.
El debate del proyecto no fue extenso y finalmente se aprobó como ley 6178, que limita las facultades del órgano de contralor, donde ahora se crearán cuatro vocalías a ser designadas por el oficialismo. Al igual que la Fiscalía de ese Tribunal, figura que está ley crea.
Cabe comentar que ya hubo modificaciones hace un par de meses en la carta orgánica del Tribunal de Cuentas. Tampoco hay que olvidar que cayeron los juicios políticos, uno al fiscal del Superior Tribunal de Justicia y otro a tres miembros del Tribunal de Cuentas. En este último, el oficialismo impulsaba destituir a los funcionarios que supuestamente era opositores, para incorporar a funcionarios radicales.
Como no funcionó esa maniobra de destitución, entonces un proyecto express casualmente ingresó en la Legislatura y fue incorporado a la orden del día a último momento.
La iniciativa incorpora nuevos cargos en el órgano de control a ser designados por el oficialismo. Su presentación y aprobación entre gallos y medianoche es por lo menos cuestionable.
Es decir, ¿el oficialismo no estaría en condiciones de mostrar las cuentas de la provincia con total transparencia?.
El proyecto establece que en caso de necesidad desempate el Fiscal de Estado.
Un ente de Control no puede estar por debajo del Fiscal de estado que defiende los intereses del gobierno. El tribunal de cuentas se supone que controla la administración del Estado.
En esta gestión que renueva mandato por cuatro años más se han cambiado normas madres e interpretado la Constitución de la Provincia como más le ha convenido al gobierno de Gerardo Morales, deteriorando gravemente la institucionalidad.
Volviendo a la sesión, el proyecto se cuestionó en el recinto y se pidió que sea el voto nominal de los diputados que evidencie ante la sociedad las decisiones e iniciativas que apoya cada diputado y su trabajo legislativo en una Cámara Parlamentaria que está finalizando el mandato.
Los legisladores opositores Juan Manuel Esquivel (FUyO/UC), Débora Juárez Orieta, Eduardo Hernández, Iñaky Aldasoro (FIT), Alejandra Cejas, Javier Hinojo (PJ) argumentaron las irregularidades del procedimiento parlamentario para sancionar la modificación del Tribunal de Cuentas, recalcando la imposición de proyectos del oficialismo cuando son necesarios para asegurarse el control de los órganos de auditoría
El radicalismo y Primero Jujuy, ambos pertenecientes al interbloque Juntos por el Cambio, con la anuencia de la presidencia de la Cámara, acordaron convocar a esta sesión especial para avanzar en este tema antes de que cambie la composición de la legislatura y Morales pierda su hegemonía.
Para los diputados justicialistas no es casualidad que a pocos días de cumplir su mandato constitucional, el gobernador Gerardo Morales haya puesto en marcha distintas acciones para condicionar el normal funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En este sentido, varios legisladores del PJ deslizaron que “lo que intenta el mandatario es evitar los controles sobre el destino que tuvieron los recursos de todos los jujeños desde que asumió la gobernación”, denunció Alejandra Cejas.
Cejas afirmó que el oficialismo parlamentario, a instancias de las órdenes provenientes de Casa de Gobierno, forzó la concreción de una sesión especial que no ameritaba ser convocada , incluyendo dentro de su temario una cuestión que no requería de urgente tratamiento.
“Morales no quiere rendir cuentas”, esbozó Cejas, en un tono crítico y tajante. Marcó una serie de irregularidades que se cometieron desde la presidencia de la Legislatura para dar curso a la petición de llevar adelante la sesión especial, pasando por alto lo marcado por la Constitución Provincial y el Reglamento Interno del parlamento jujeño.
Detalló que el proyecto directamente fue bajado al recinto, sin pasar por la comisión respectiva y sin tener el despacho correspondiente en comisión para ser tratado.
“Desde todo punto de vista, esta iniciativa es inconstitucional e inmoral. Este no era un tema urgente, pero lo que se busca con ello es salvarle la ropa al gobernador”, apuntó.
Otro de los diputados justicialistas que fue crítico con el avance del oficialismo sobre la vida institucional del organismo de control fue Javier Hinojo, quien dijo no entender por qué ahora, después de cuatro años, el oficialismo resuelve que es necesario hacer modificaciones en el Tribunal de Cuentas.
Haciendo un análisis de algunos sucesos políticos, Hinojo recordó que este gobierno y el oficialismo “fueron acomodando las instituciones de manera irresponsable”. Asimismo, el legislador puso en evidencia la maniobra desesperada que hizo Morales hace un par de semanas atrás para remover de sus cargos, a través del instituto del juicio político, al fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, y a tres miembros, entre ellas su titular, del Tribunal de Cuentas.
Otros legisladores justicialistas tildaron a esta cuestión como algo absurdo y coincidieron en señalar que el objetivo del gobierno de Morales con el apoyo del oficialismo es neutralizar el control del Tribunal de Cuentas. “Lo que aprobó hoy el radicalismo con sus aliados es un proyecto lleno de anormalidades”, aseveraron.
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