Por Claudio Mardones para Letra P
En su quinto año como gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales deberá resolver uno de los mayores problemas que dejó su primer mandato: el exponencial crecimiento en dólares de la deuda pública provincial.
Letra P reconstruyó los principales contornos de los compromisos que contrajo: tiene un stock de 45.650 millones en pesos y de 1.742 millones en dólares. Los vencimientos en moneda extranjera para este año, en concepto de intereses, son por 18 millones de billetes verdes, a pagar en septiembre. Es la misma cifra que deberá cancelar en 2021. Pero en 2022 tendrá que girar 210 millones de la moneda estadounidense para cancelar parte del capital y deberá agregarle otros 18 millones por intereses, es decir, un desembolso de 228 millones. Las cifras de los próximos dos años son parte de un pasivo millonario cargado de denuncias por falta de transparencia que parieron el perfil dialoguista que el mandatrio norteño busca construir con el presidente Alberto Fernández.
Se trata de una situación de debilidad financiera que, al igual que la provincia de Buenos Aires, lo expone al riesgo del default y lo deja a merced del apoyo que pueda brindarle la Casa Rosada para salir del atolladero. La diferencia más notable con el distrito bonaerense, que encabeza el ránking nacional de endeudamientos provinciales, no sólo pasa por el volumen, sino, también, por la ausencia de información pública disponible sobre un pasivo provincial que la oposición intentó seguir mediante una comisión investigadora especial que nunca prosperó en la Legislatura local.
“Quedamos secos”, dijo Morales en septiembre pasado para revelar la situación financiera de la provincia después de pagar el primer medio aguinaldo de julio de 2019. La situación empeoró en los meses siguientes y es parte de la negociación que mantiene el cacique provincial con la Casa Rosada. En Balcarce 50 admiten que la deuda es el “principal problema” de su administración, dentro de la romería de gobernadores que, cuando visitan la Casa de Gobierno, le echan la culpa a la gestión del expresidente Mauricio Macri por sus deudas abultadas en divisas. “Nos obligaban a endeudarnos en dólares”, cuentan que repiten los mandatarios provinciales ante los ministros nacionales que escuchan sus pedidos y lamentos.
Silencio y denuncias
La deuda jujeña no tiene datos públicos claros. A pesar de las consultas de Letra P, cerca del gobernador Morales se excusaron porque se trata, según su lectura, de “información sensible”. El ministro de Hacienda de Jujuy, Carlos Sadir, no contestó las preguntas de este medio.
Tan aguda es la ausencia de datos, que las únicas cifras disponibles dentro de la provincia datan de junio pasado, a partir de la información que recolectó el legislador con mandato cumplido Juan Manuel Esquivel, del Frente Unidos y Organizados (FUyO), para crear una “Comisión extraordinaria investigadora y de seguimiento de la deuda pública”.
Según el proyecto de ley, la deuda jujeña “tiene un denominador común: falta de transparencia en su tramitación, disposición y utilización, a tal punto que resulta imposible conocer el total, su aplicación, los intereses que se están pagando y las fuentes de financiamiento de esos intereses”.
En diálogo con este portal, Esquivel advirtió que la administración de Morales tampoco actualizó el Producto Bruto Geográfico. “Por lo tanto, tampoco podemos calcular la relación de la deuda respecto al producto provincial para comprender la gravedad del endeudamiento”.
El origen de la deuda
La iniciativa no prosperó en la Legislatura porque el oficialismo jujeño impidió su tratamiento, pero el inventario que realizó Esquivel reveló que, a mediados del año pasado, Morales contaba con un stock de deuda distribuido en tres capítulos: deuda pública en pesos, créditos autorizados por ley en dólares y también en pesos.
Sólo la deuda pública en pesos, obtenida mediante bonos y letras, es de 36.000 millones de pesos, mientras que los créditos autorizados en moneda nacional suman otros 9.650 millones.
El nudo más grande de la deuda contraída por la administración de Morales tiene que ver con las 13 leyes que aprobó la Legislatura provincial para habilitarle nuevos endeudamientos en dólares. Fue por un total de 1.742 millones de dólares para proyectos de gran escala, como el tren “Volcán - Humahuaca”, la gestión integral de basura urbana, mejoramiento de infraestructura educativa, un sistema de cámaras de seguridad chinas y un ambicioso proyecto de energía solar, bautizado “Caucharí I, II y III”, con tres leyes especiales que autorizaron la toma de crédito por 960 millones de dólares.
Morales sumó otros 150 millones de dólares para el desarrollo de un “sistema fotovoltáico disperso”, que está en manos de la Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos (ESED). La firma no es desconocida para la provincia de Buenos Aires, porque pertenece a Desarrolladora Energética S.A., la controladora de EDEA, EDELAP, EDEN y EDES, las cuatro empresas que constituyen el oligopolio eléctrico bonaerense que posee el magnate Rogelio Pagano. Toda esa operación financiera y el monto total de la deuda, que supera los 1.000 millones dólares, generan interrogantes en la Casa Rosada. Tan grande es la incógnita al respecto, que distintos funcionarios han puesto la lupa sobre esos contratos para analizar la evolución y el origen de ese pasivo dolarizado.
La deuda en contexto
En medio de la ausencia de datos oficiales actualizados, un informe de principios de diciembre pasado, realizado por la consultora Elypsis, aporta un contexto necesario para comprender la dimensión del pasivo comprometido por Morales.
El documento sostiene que “las provincias argentinas duplicaron su deuda en títulos públicos en los últimos cuatro años”. Actualmente, “todas las provincias tienen un stock de deuda de 28.098 millones, pero desde 2015 los pasivos en títulos públicos se duplicaron, con un monto total de 20.802 millones de dólares, mientras que los compromisos asumidos con el gobierno nacional se redujeron a la mitad y actualmente es de 3.739 millones de dólares”.
Sin embargo, “de los bonos y las letras, el 90% está nominado en moneda extranjera”. En ese universo, “todas las provincias tienen más del 65% de sus títulos públicos en moneda extranjera, pero ocho de ellas tienen el 100% de sus bonos en dólares”. Una de ellas es Jujuy, dentro de un pelotón compartido con Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Santa Fe y Tierra del Fuego.
El trabajo remarca que el incremento del nivel de endeudamiento “aumenta el peso de los intereses en el gasto provincial”. Si se miden esas cifras respecto al “porcentaje de los ingresos totales de cada provincia”, la deuda total de todos los distritos “escaló del 31% al 52% entre 2015 y 2018, pero como consecuencia el peso de la deuda se triplicó: las provincias deben destinar una proporción cada vez mayor del gasto al pago de servicios de la deuda”.
El estudio de Elypsis acota también que Jujuy “es una de las siete provincias argentinas que tendrán necesidades financieras elevadas en función de sus ingresos y deberán tomar medidas en relación a sus déficits primarios y sus vencimientos de deuda”. Porque, en términos generales, la provincia norteña “tiene ingresos netos por 1.094 millones de dólares y cuenta con un superávit primario negativo de 64 millones de dólares".
Fuente: Letra P
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