Morales sigue sin presentar informes a la Corte Suprema sobre el litio y el cumplimento de derecho a la consulta

Tras las acusaciones de Gerardo Morales en una carta pública a James Cameron buscando deslegitimar la lucha de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, estas dieron a conocer su respuesta, en la cual, además desmintieron al dirigente radical.

“A propósito de sus declaraciones en favor de la lucha de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en relación con la megaminería del litio”, así fue titulada la extensa carta que enviaron a Gerardo Morales y en la cual señalaron “durante siglos esta Cuenca ha sido nuestra ´casa´ y, tanto nosotros como nuestros antepasados, hemos convivido en armonía con su ecosistema, cuidando y respetando los ciclos vitales de la naturaleza. Lamentamos profundamente que, a pesar de haber planteado el cumplimiento de nuestros derechos de manera formal e informal, desacreditara a nuestras comunidades cuando una figura internacional se interesó por nuestros reclamos”.

Asimismo, defendieron a Verónica Chávez (comunera de Santuario de Tres Pozos, quien mantuvo un encuentro con el director de cine): “la persona que lleva la voz de nuestras preocupaciones y demandas no lo hace a título personal sino colectivo. Por lo tanto, cualquier señalamiento o respuesta de carácter individual no hace más que poner en riesgo a una persona defensora del ambiente en una región en la que defender a la naturaleza la vuelve vulnerable, y en un país en que la estigmatización es la primera forma de violencia. Afortunadamente, los defensores de la naturaleza estamos ahora protegidos por el Acuerdo de Escazú que ya ha entrado en vigencia”.

En contraposición a las expresiones de Morales sobre que se respetó los derechos de las comunidades al garantizar la consulta respecto a la explotación del litio en la zona, estas apuntaron categóricamente “sugiere que se brindó información y se obtuvo su consentimiento. Esto no es así, Sr. Gobernador. Nunca se realizó un proceso de consulta previa e informada a las comunidades de la Cuenca, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Ley 24.071) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), a pesar de que ambos son parte del ordenamiento legal que rige en la Argentina”. Cabe recordar que este es el principal reclamo: que el gobierno de la provincia garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Las comunidades realizaron presentaciones en instancias provinciales, federales e internacionales “a fin de que se nos garanticen los derechos que el Gobierno de Jujuy nos niega sistemáticamente desde hace más de 13 años. En 2010, debimos acudir a la Suprema Corte de Justicia para que ordene a las provincias de Jujuy y Salta la aplicación de estos derechos”.

Sobre este punto, detallaron que, en marzo de este año, la Corte Suprema ordenó a Salta y Jujuy a brindar información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera del litio y sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos. “Esta información no ha sido aportada hasta el día de hoy. Hemos elevado también esta demanda ante la ONU y, luego de su visita al país, el Relator Especial de Pueblos Indígenas, Dr. James Anaya, recomendó que Argentina garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada en Salinas Grandes en su informe del año 2012 al Consejo de Derechos Humanos de ese organismo. En el ámbito de la provincia de Jujuy hemos tenido que recurrir a la justicia frente a la denegación injustificada de información que pedimos sobre pedimentos y permisos mineros planificados en nuestro territorio” señala la carta.

Por otra parte, las comunidades recuerdan el proceso administrativo para buscar información que es difícil en la provincia: “En base al acuerdo de Escazú, el juzgado ambiental de Jujuy señaló que el gobierno provincial no cumplió con su deber de garantizar el acceso efectivo a la información y ordenó que nos sea entregada dicha información en forma completa e integral. Sin embargo, apenas pudimos lograr que nos informaran de forma incompleta sobre los más de 32 proyectos mineros previstos en nuestro territorio y no nos fue permitido acceder a los informes de impacto ambiental. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Jujuy a todos nuestros pedidos, en 2015 elaboramos participativamente un Protocolo para la implementación de la consulta previa que llamamos Kachi Yupi. Es posible que Ud. lo recuerde, porque hace ocho años, cuando asumió como Gobernador, lo invitamos a la Cuenca y, en una asamblea realizada en la comunidad de Alfarcito, le planteamos nuestra preocupación por la negativa a su aplicación por parte de los gobiernos anteriores. Usted mismo nos prometió que firmaría un decreto para implementarlo. Sin embargo, ocho años más tarde, nos apena comprobar que eso nunca ocurrió”.

Y agregaron en la misiva “creemos que, de ninguna manera, entregar una carpeta técnica con informes de impacto ambiental y de planes de trabajo de exploración y explotación significa el cumplimiento de nuestros derechos, como usted sostiene en su carta pública. Es una ofensa para nosotros pretender que el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, reconocido por nuestro país, se reduzca a la entrega de una carpeta. Entendemos por lo tanto que este derecho nunca se respetó en nuestro territorio. Si realmente existe la voluntad en el Gobierno de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT, debería incluirse como un derecho en las reformas constitucionales que se están debatiendo en estos días en la provincia de Jujuy”.

No a la Reforma

“Este proceso se está haciendo a puertas cerradas, sin consultas a ningún sector y tampoco a los pueblos indígenas. Todo hace suponer que el derecho a la consulta tampoco será parte de la reforma constitucional”, cuestionaron los pueblos de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, quienes rechazan las condiciones en que se plantea la explotación del litio por parte de las multinacionales.

En ese sentido, contradijeron a Morales, quien en su carta a Cameron indicó que el desarrollo minero a través de la evaporación no ha provocado alteraciones ecosistémicas ni pérdida de biodiversidad. “Existe incontable cantidad de estudios científicos, geológicos e hidrogeológicos que validan nuestros reclamos, dejando en claro que la minería de litio es una minería de agua que puede provocar enormes riesgos para la vida ecosistémica en las cuencas hídricas de la puna porque se trata de cuencas endorreicas. Estas son cosas que nosotros sabemos porque vivimos allí. Es importante que Ud. entienda que el mayor impacto de esta industria extractiva es el uso de grandes cantidades de agua. No hace falta recordarle que nos encontramos ante una gran crisis hídrica en nuestro país y en el mundo. Basta observar la sequía sin precedentes debida al impacto del uso de grandes cantidades de agua para extraer el litio. El agua del fondo de la cuenca es un enorme humedal de altura, una reserva de agua necesaria para toda la provincia, imposible de reponer. De hecho, aunque la cifra puede variar según las condiciones específicas, se utilizan alrededor de dos millones de litros de agua por tonelada de carbonato de litio. Este bombeo permanente, provoca la ruptura del equilibrio hídrico natural, generando el riesgo de estrés hídrico, la posible salinización de napas dulces y la sequía de vegas u “ojos de agua” naturales que son las fuentes acuíferas para la vida de nuestras comunidades, de nuestros animalitos y de las especies microbacterianas que alimentan a las aves. Toda la cadena de la vida se pone en peligro por la megaminería de litio en estos territorios”.

Y apuntaron “el riesgo para nosotros es el desplazamiento de nuestras poblaciones y la eliminación de nuestra cultura, saberes y conocimientos ancestrales. Para nosotros el agua es la vida. Podemos seguir viviendo sin litio, pero no sin agua. Quisiéramos también recordarle que los pueblos indígenas son apenas el 5% de la población del mundo y ocupan menos de un tercio de los territorios del planeta y sin embargo son responsables de preservar el 80 por ciento de la diversidad que vive en la Tierra”.

Por último, también desmintieron sobre el respeto de las empresas extractivistas a sus formas de vivir: “Sr. Gobernador, hace 14 años que sufrimos la presión de funcionarios gubernamentales, nacionales e internacionales y también de representantes de corporaciones transnacionales muy poderosas, cuyo único objetivo es extraer el litio que se encuentra en nuestro territorio, sin tener en cuenta los derechos de las comunidades que lo habitan. Estas presiones nos han cambiado la vida y nos obligan a un continuo estado de alerta pues nos sentimos amenazados permanentemente. Nuestros temores al daño concreto y real que puedan hacerle a Mamita Pacha no han sido despejados por su gobierno, sino todo lo contrario. Esta situación destruye la armonía de nuestra vida comunitaria y amenaza transformar nuestra cultura. Queremos vivir en paz, realizando proyectos sustentables y respetuosos de nuestras costumbres y de la Pacha, que nos permitan seguir viviendo en este lugar respetando la tierra, el agua y la vida como lo hicieron nuestros abuelos y muchas generaciones durante siglos. Aprovechamos entonces esta oportunidad, Sr. Gobernador, para pedirle nuevamente que su gobierno nos escuche y garantice nuestros derechos”.

A pesar de ello, las comunidades se manifestaron a favor de dialogar con las autoridades gubernamentales “estamos abiertos y dispuestos a reunirnos con Ud., en caso de que crea que el diálogo puede servir para avanzar en ese camino para el bien de todos”.