Muerte en el penal de Gorriti, la familia denunció al Estado provincial por no cumplir con la seguridad

El ataque con un arma punzante de Joel Camacho contra Aníbal Tolaba, quien resultó herido de muerte, hizo que la familia de la víctima iniciará una demanda contra el autor del crimen, pero también contra el Estado provincial.

“Daños y perjuicios”, así es la caratula que impulsa la familia Tolaba contra el Estado provincial por no haber cumplido con el deber de seguridad que corresponde en todas las instituciones estatales.

En ese sentido, Raúl Delgado, abogado de la querella explicó “esta semana se dio un plazo de preparación penal preparatoria, se están citando varios testigos, asimismo, el imputado, Camacho, que estaba alojado en el penal de Gorriti fue trasladado al penal de Alto Comedero por seguridad de las personas que van a prestar testimonio que se encuentran en el mismo penal de Gorriti”, manifestó en diálogo con Radio 2.

Consultado sobre el motivo que derivó la pelea, el letrado consideró “hay muchas hipótesis, pero está todo en investigación”, aunque negó las versiones existentes sobre que existiría problemas anteriores entre ambos reclusos, tal como manifestó uno de los testigos.

Respecto a la investigación de lo que ocurrió en los piletones, donde ocurrió el ataque, Delgado señaló que dentro de la unidad penitenciaria “hay muchas cámaras de seguridad y hay una que dicen que grabaría el momento del hecho, eso se está tramitando para que se ponga en el expediente” y así aclarar que ocurrió efectivamente.

Cabe consignar que antes que ocurriera este episodio, organismos de derechos humanos de la provincia ya habían advertido a principios de junio sobre ciertas irregularidades que exponía a los propios reclusos a situaciones de vulnerabilidad, entre ellas, que detenidos próximos a cumplir condena compartieron pabellón con otros que todavía faltaba purgar parte de la condena. Eso sin contar en las condiciones de hacinamiento y superpoblación derivadas de la refacción de una parte de la unidad.

Por aquel entonces, los organismos habían solicitado una audiencia con el ministro de Seguridad, Guillermo Corro para que diera explicaciones sobre el caso, aunque nunca accedió a ello. Incluso, tras el homicidio de Aníbal Tolaba por parte de Joel Camacho, el funcionario tampoco brindó respuestas sobre lo acontecido.