Mujeres repudian el cobro de un seguro de salud a extranjeros

La Asamblea Ampliada de Mujeres publicó un comunicado en el que denuncia la política xenófoba que está llevando la Provincia de Jujuy con la aprobación de la ley N° 6.116 el pasado 6 de febrero que habilita el cobro de un seguro de salud a todas las personas extranjeras pero haciendo particular énfasis en bolivianas y bolivianos.

Afirman que sacando provecho del caso del joven músico accidentado en Bolivia, cuya asistencia sanitaria fue cobrada como al resto de los nativos y las nativas de ese país, dado que su sistema de salud no es gratuito, el gobernador Gerardo Morales aprovechó para poner en agenda el cobro de la atención sanitaria a personas extranjeras y con un sesgo marcado hacia la población boliviana.

El proyecto de ley que luego fuera aprobado por la Legislatura viola todos los tratados internacionales a los cuales adhiere el país, señalaron las asambleístas. Y remarcan que el cobro de este seguro de salud es anticonstitucional debido que en la Argentina se declaró a la salud como un derecho gratuito para todos y todas.

Dentro del mismo comunicado también se destaca que esta política xenófoba no es exclusiva de la provincia de Jujuy, sino que también se está llevando a cabo en otras provincias, como el caso de Chubut donde el gobernador pretende implementar la prohibición del ingreso de extranjeras y extranjeros con antecedentes. Repudian estas políticas que son alentadas desde el gobierno nacional, en particular desde el Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, que deportó días atrás a una trabajadora peruana separándola de dos de sus tres hijos.

Esta política xenófoba, según el comunicado, sólo se puede entender dentro de las políticas de ajuste llevadas a cabo a nivel nacional, respondiendo a exigencias del FMI y que profundiza el odio y racismo hacia los sectores más vulnerables.

Por último, denuncian que el gobierno de Cambia Jujuy se estableció como laboratorio social, citando el avasallamiento del derecho a la ILE (interrupción legal del embarazo) en el caso de la niña de 12 años violada y que fue obligada a hacerse una cesárea, contra su propia voluntad y la de su madre.