“Necesitamos la defensa y el control de la ley de usuarios y consumidores” propone la lista Azul Naranja de Abogados

El mes de mayo vendrá con aumentos en combustibles, servicios públicos y prepagas entre otros. Especialmente subirá el precio del gas que en la época otoñal e invernal tendrá  mayor consumo en la población.

Parte de los usuarios pagará el aumento de precios que se establece semestralmente en la tarifa de gas domiciliario con vigencia a partir del 1 de abril.

Ante esta situación la abogada Claudia González, referente de la Asociación de Consumidores Proconsumer y candidata a presidenta del Colegio de Abogados de la Lista Azul Naranja se refirió al problema que representa la falta de control de tarifas como así también a los excesos de precios que debe pagar el usuario.

“Algunos usuarios ya recibirán esa tarifa de gas a partir de mayo, pero además están los aumentos de bienes comunes como es el comestibles. Los precios cuidados que no son cuidados ya que no surgen de un acuerdo y por lo tanto no pueden ser exigidos.”

“También hay un aumento en las prepagas que ya está autorizado y es del 7%, lo que significa la migración de un montón de usuarios de obras sociales privadas y prepagas que no pueden hacer frente a las cuotas y que se trasladan necesariamente al servicio público de salud.”

“La cuestión es muy compleja para los usuarios consumidores. La inflación está en un espiral que no se puede detener y las medidas que anticipó el gobierno son todas de  corte electoralista. Tienen vigencia hasta octubre y no van a resolver la cuestión de fondo que en el caso de usuarios y consumidores de bienes y servicios esenciales para la vida y para la salud. Deberían abarcar a la formación de los precios. Son parches, tenemos un enfermo grave y le ponemos una curita o le damos una aspirina”, explicó.

Ante la situación inflacionaria, González destacó que “deberíamos controlar  a los formadores de precios  y a las grandes cadenas de supermercados y conformar acuerdos verdaderos, firmados, no un “pacto de caballeros” porque eso no existe. En cambio con firmas de acuerdos se puede exigir  el cumplimiento. Tenemos un listado de 64 productos que no conocemos, marcas de cuarta categoría que no se vieron en los supermercados de la provincia. Y por los contactos con las sedes madres en Nación sabemos que tampoco se consiguen en otras provincias del país”, afirmó.

La propuesta concreta de la lista Azul Naranja, expresó “es propiciar desde el Colegio como institución la jerarquización de la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia, con rango de Secretaria de Gobierno y provista de más inspectores.”

“No hay que olvidarse que hoy la Dirección de Defensa del Consumidor en Jujuy está a cargo de un Jefe de Despacho de un ministerio. Lo que indica que hay que jerarquizarla.”

“No nos han convocado jamás a las Asociaciones de Usuarios y Consumidores para que formemos parte del control de precios, para conversar y colaborar en el control.”

“Esa Dirección tiene a su cargo el cumplimiento de leyes esenciales como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia,  y la de Control de Precios Máximos, de manera que es increíble creer que desde una Dirección se pretenda hacer control de precios con una planta de personal que no supera los 10 inspectores:”

“Abundan los ejemplos, como los kioscos que cargan SUBE y comenzaron cobrando $1, $2 y ahora $5 y no dan comprobante. El kiosquero dice que no le es rentable porque anticipa un costo de su bolsillo para la recarga de la SUBE. El único negocio redondo es para la empresa SUBE, los empresarios cobran después, pero la rentabilidad es baja y requieren mantener una estructura. Los kiosqueros cobran  la recarga y el usuario no puede discutir y termina pagando la diferencia de precios. El tema  es el control y el último perjudicado es el usuario”, explicó.

“Necesitamos la defensa y el control de la ley de usuarios y consumidores. La Dirección de Defensa del Consumidor debe ser una dependencia jerarquizada con rango de Secretaria de Estado y con inspectores bien pagados que puedan controlar la evolución de los precios y el cumplimiento  de la Ley de Defensa del Consumidor en lo que hace a la adquisición de bienes y servicios”.

La abogada anunció que a nivel institucional “vamos a insistir jerarquizar la Defensa del consumidor elevando la categoría la repartición que tiene a su cargo el control. Es allanarle el camino a la conciliación del usuario y la empresa que se presenta  patrocinada con estudios importantes.”

“La empresa que se ve controlada y es citada en Defensa del Consumidor , sabe que se expone a una multa por el incumplimiento y arbitrará los medios necesarios  para resolver el problema al usuario y evitar la sanción. Eso evita que ese problema llegue a tribunales con los mayores costos en tiempo, plata y lo que significa, pero esa voluntad no se vio en este gobierno” finalizo la letrada.