JUJUY

Contrario al derecho a la protesta y la libertad de expresión

“No están juzgando a 20 jujeños, están juzgando a todo un Pueblo”, apoyo a procesados por la Reforma

El inicio del juicio contra dirigentes volvió a marcar la política de persecución y criminalización de la protesta en la provincia. Juntan firmas para rechazar su procesamiento

“No están juzgando a 20 jujeños, están juzgando a todo un Pueblo”, apoyo a procesados por la Reforma

 

En total son 20 los procesamientos, todos hombres, sólo por haberse manifestado en contra de la Reforma parcial de la Constitución el 20 de junio de 2023, cuando Gerardo Morales juraba la nueva Carta Magna. La cacería policial no sólo detuvo a manifestantes, sino que además dejó heridos graves y causas judiciales. Así, en el inicio de los juicios, organizaciones sociales buscan el apoyo para rechazar la política de persecución y criminalización de la protesta.

“No están juzgando a 20 jujeños, están juzgando a todo un Pueblo”, en la carta que lanzaron para juntar firmas y mostrar su solidaridad con los 20 procesados, destacando que los mismos habían salido a la calle ejerciendo el derecho a la protesta y la libertad de expresión, en reclamo de mejores condiciones de vida.

En ese sentido, el documento denuncia “cualquier intento de silenciar o reprimir a quienes ejercen su derecho fundamental a la protesta, a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos fundamentales, como la vida y la libertad. Reconocemos que las organizaciones sociales que con su trabajo digno y la libertad de expresión y a la protesta, son pilares de una sociedad democrática y justa”.

Sobre las causas armadas, el texto señala que “la criminalización de la protesta y la represión, representan una violación flagrante a los derechos humanos consagrados en convenios internacionales, a los que la Argentina ha adherido. Exigimos a las autoridades responsables poner fin a la persecución judicial y política de los miembros de las organizaciones sociales. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad en general y a los organismos de derechos humanos para que se mantengan atentos y ejerzan presión política sobre las instituciones correspondientes, a fin de garantizar que se respeten las libertades fundamentales de estas personas. La libertad, la justicia social y los derechos a protestar no pueden, ni deben ser negociables. Apoyamos la lucha legítima de los 20 integrantes de las organizaciones sociales que hoy son materia de injusto juzgamiento y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los principios democráticos que protegen a toda persona contra la opresión y la injusticia”.

Por último, destacan que los dirigentes no están solos y que seguirán reclamando por justicia, igualdad y respeto de los derechos, tanto de los procesados, como del pueblo en general”.



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