El juicio político impulsado por el oficialismo a tres integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia, avanza en un marco irregular en la Legislatura provincial. Esta mañana se presentó la titular del organismo de Control, Nora Millone, a detallar información que envió a la Legislatura provincial, ejerciendo su derecho a defensa.
La comisión investigadora, pidió a la prensa que se retire del salón Manuel Padilla del anexo de la Casa de Piedra, evitando la difusión de un acto público que le da el marco de transparencia al proceso. El abogado Alberto Nallar, representante de Millone, reclamó por esta exclusión de la prensa, decisión tomada por el presidente de la comisión Ramiro Tizón.
Nallar muy ofuscado dijo que “están cometiendo ilícitos, falsificaron instrumentos públicos, desarticulan los controles del estado para permitirle al gobernador que maneje 62 mil millones de pesos del presupuesto. Fue falsificada el acta por la cual se creó la comisión investigadora. Sólo hay dos firmas auténticas la de la legisladora Haquim y de Tizón”, el abogado anticipó que realizaría denuncias penales ante esa situación.
Millone se presentó a sentar su posición ante esa comisión ejerciendo el derecho a defensa. "Nos están imputando que no controlamos y es mentira, tenemos que decir la verdad" expresó sorprendida, e irónicamente .
Después de más de una hora y media de descargo ante la comisión, Millone expresó a la prensa su enojo ante el cuestionamiento a un órgano de control que trabaja y controla 62 mil millones de pesos del presupuesto, el que se triplicó en los últimos años.
Antes de ingresar a la audiencia, Millone ya había manifestado, que Morales, con el juicio político estaba actuando “preventivamente, lo que no quieren es el control de las cuentas públicas”, en referencia a los juicios políticos que se han iniciado contra ella y 2 vocales más del tribunal. Esos procesos buscarían cubrir las irrgularidades encontradas en decretos y resoluciones firmadas por el gobierno, que sustraen de la auditoría contable a los fondos provinciales destinados al programa Jujuy Asiste y Reactiva.
Expresó contrariamente a lo que indica el gobierno que ese órgano si cumplió con los controles a su cargo sobre cuentas publicas examinadas: “a Fiscalía de Estado hemos enviado en los últimos seis años más de 3.500 millones de pesos de cargos formulados. De ahí que la Fiscalía no los ejecute o que con ellos apriete a Municipios o Comisionados Municiaples, es otra historia. El incumplimiento esta ahí no en nosotros."
Los cargos son irregularidades señaladas en las cuentas públicas que los organismos provinciales rinden al fin de cada período ante ese tribunal auditor, un monto de dinero cuya rendición no fue aprobada y que luego de un proceso administrativo, si quedan firmes la Fiscalía de Estado debe ejecutar.
La funcionaria dijo que hay distintas observaciones en los cargos, algunas por falta de documentación, dinero mal usado, mal desempeñado e incompatibilidad. “En este momento hay 3500 millones en cargos a municipios, hay más de 500 millones (objetados) a organismos. Los cargos que se han formulado en fiscalía de estado desde el 2005 hasta el 2016”, indicó Millone “hay 500 millones, 600, 400 millones aunque no están determinados los organismos”.
Asimismo, referenció que en el año 2017 deberían estar auditados los organismos centralizados de la administración, tarea a cargo de los dos vocales adeptos a Morales (Brajsich y Burgos) no tienen cargos definitivos formulados, cuando ya deberían existir, entre otras de las irregularidades que manifestó.
En tanto, el presidente de la Comisión Investigadora del Juicio Político no refutó la documentación, ni las explicaciones de la Dra. Millone, y solo escuchó en silencio las declaraciones de la presidenta del tribunal.
“La imputación cae por incumplimiento de deberes que no tengo, porque no intervengo en las cuentas. Entonces ¿cómo voy a incumplir en funciones que no tengo? Se imputan a dos vocales del Tribunal cuando realizaron observaciones superiores al monto de la denuncia. Hay varias irregularidades en este proceso, denuncias sin patrocinio letrado, la denuncia que no cumple con los artículos de la constitución en cuanto al juicio político. La denuncia no es clara ni precisa”, explicó Millone a la prensa.
Así también destacó que “no la conocemos a la denunciante, la verdad la tienen escondida, la citamos como testigo y nos dijeron que no, lo que no corresponde porque ella puede ser testigo. Lo que pasa que es una señorita que si la traemos como testigo no puede explicar lo que ella ha firmado”.
Ante la pregunta periodística de lo que hay detras de este proceso de juicio, Millone expresó que el gobierno quiere "quedarse con el control" de las cuentas públicas.