Nuevas amenazas de desalojo en la zona de los perilagos en los diques de El Carmen

Durante el día de ayer, los habitantes de la zona de los perilagos en los diques de Las Maderas y La Ciénaga, en El Carmen, fueron intimados a “retirarse de forma voluntaria” del paraje Las Urracas, lugar donde habitan.

Según consta en el documento oficial, de no llevarse a cabo el retiro voluntario, será mediante la fuerza pública, que se proceda a un “desalojo compulsivo” de las personas que permanezcan en el lugar.

Por su parte, la Organización Campesina de los Perilagos (OPC), nucleados dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), denunciaron que sufren constantes persecuciones, amenazas y hostigamientos, por parte del gobierno provincial, que intenta llevar a cabo un negocio inmobiliario en ese lugar.

La OPC aclaró que, dentro del acta de intimación, la provincia insta al desalojo dentro de las 24 horas, acusándolos de usurpadores y amenazándolos con el uso de la fuerza pública.

De esta manera, consideraron que gobierno provincial desconoce en este acto los “derechos posesorios”, las leyes en defensa de la agricultura familiar y la reciente “Declaración de los Derechos Campesinos de la ONU” y de todas las leyes vigentes en nuestro país. Entre ellas, una reglamentación pendiente sobre la Ley Provincial N°6049, que legisla sobre los emprendimientos inmobiliarios en el perilago de los diques.

Frente a esta situación, la organización campesina expresó que “defendemos y valoramos nuestra vida campesina-gaucha en el territorio, nuestro modo de producción, nuestras tradiciones y costumbres”.

Asimismo, exigen que se termine con la persecución sistemática y el avasallamiento de sus derechos. Al mismo tiempo, responsabilizan al estado provincial de los ataques que pudieren sufrir y que atenten contra la integridad física de las personas de la comunidad y sus bienes.

Además, denunciaron la complicidad de la policía que se presta a “acciones fuera de la ley” puesto que la intimación fue realizada sin orden judicial ni juicio previo.

El conflicto por el territorio data desde el año pasado, cuando los habitantes de ese lugar, presentaron un recurso de amparo en la justica para frenar el proyecto inmobiliario.

Denuncian que el gobierno desmonta el perilago de los diques para hacer un negocio inmobiliario