Obreros municipales jujeños cobran sueldos debajo de la indigencia

Armando Flores

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM) denuncia publicamente que el Gobierno de Jujuy, bajo la gestión de Gerardo Morales, es pionera de una nueva forma de trabajo en condiciones indignas y de esclavitud “Trabajo Estatal Esclavo”.

Recientemente el SEOM tuvo acceso a Declaraciones Juradas de todas las localidades de la provincia de Jujuy a través del Expediente 259-67/2019[1] tramitado en la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto. De la información oficial, el SEOM determinó que, actualmente, en 48 Municipios y Comisiones Municipales a lo largo de toda la Provincia, existen 2062 trabajadores y trabajadoras en negro, que no tienen aportes jubilatorios, Obra Social ni Seguro de Vida Obligatorio y tienen en algunos casos, hasta 10 años de antigüedad. También constató que entre estos 2062 empleados, existen 1564 que cobran menos de $ 4.274, que es la actual Línea de la Indigencia determinada por el INDEC y el DIPEC[2], o sea que lo que perciben en términos salariales no les alcanza para cubrir el valor de la Canasta Básica Alimentaria[3]. Los 1564 trabajadores mencionados, en situación de indigencia salarial[4] reciben en promedio $ 2771,82 por mes.

Por otra parte, tomando en cuenta el Salario Mínimo Vital y Móvil[5] que es, actualmente, de $ 14.125, siendo éste valor el que determina si un trabajador está por encima o por debajo de la línea de la pobreza[6] existen 6118 trabajadores municipales que están por debajo de la línea de la pobreza o su equivalente que es el Salario Mínimo Vital y Móvil, siendo el promedio de sus sueldos el valor de $ 7977, por mes, es decir, que no pueden asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Si sumamos los dos grupos de trabajadores, llegamos a la cifra de 7682 trabajadores que están por debajo de la línea de la Pobreza, dentro de los cuales 1564 se hallan por debajo de la Línea de la Indigencia. Estos trabajadores, representan casi un tercio de la totalidad de municipales de la provincia[7].

Así mismo, la hipótesis que maneja el sindicato es que la cifra total de Planes Sociales Municipales es mayor, dado que existen Planes que no figuran en las Declaraciones Juradas pero que hace años prestan servicios de manera ininterrumpida en numerosas localidades y que serían solventados con los llamados “recursos propios”. Un ejemplo de ello es el municipio de Perico, donde existen 230 trabajadores “eventuales” que no figuran en las Declaraciones Juradas que presenta ese municipio.

En Libertador Gral San Martín el sueldo de los planes se paga con alimentos

La situación en Libertador General San Martín es muy grave, dado que, a los 330 Planes Sociales Municipales que existen en esa localidad, les “pagan” en su totalidad, con una tarjeta alimentaria que deben emplear en un supermercado en particular y sólo pueden adquirir determinados alimentos. Esta situación del pago en especies, totalmente ilegal, también se emplea en las localidades de Puesto Viejo y Santa Clara, por ejemplo.

En Plama Sola pagan a partir de 400 pesos el mes trabajado

 La localidad de Palma Sola, sirve para ejemplificar el grado de indigencia extrema que sufren los trabajadores municipales de la provincia, allí existen 49 planes municipales que cobran en promedio $ 1253,06 cada uno, trabajan 4 horas diarias de lunes a viernes, siendo el menor “salario” el de $ 400 por mes y el de mayor valor de $ 2500 por mes. Estos trabajadores cubren 4 horas diarias de servicios de lunes a viernes, los emplean en el Matadero Municipal, en los comedores escolares, realizando la recolección de residuos, barriendo las calles, etc.

La nueva esclavitud estatal

Desde el SEOM Jujuy definen a esta relación de dependencia entre trabajadores municipales y funcionarios municipales como una nueva forma de trabajo esclavo, dado que los trabajadores tienen coartada la libertad adquirida con el fruto de su trabajo. No llegan a cumplir con los requerimientos alimentarios básicos; su supuesto sueldo está condicionado a ser canjeado por alimentos, de esta forma no pueden emplearlo libremente; se encuentran amenazados y si denuncian su situación los despiden automáticamente, siendo imposible defenderlos legalmente ya que son trabajadores con nula estabilidad laboral; están obligados a trabajar en los municipios ya que fuera de ellos no hay oportunidades laborales; están atados, bajo la promesa de los funcionarios de que en el transcurso de un determinado tiempo van a mejorar su situación, o que si aguantan, un familiar de esos empleados van a tener un cargo en el municipio, también como trabajadores cuasi-esclavos.

Este trabajo denigrante para los jujeños es una forma estratégica para los funcionarios de turno a la hora de recaudar votos en las urnas, lejos del lema “UNIÓN, PAZ Y TRABAJO” se esconde fríamente una relación de opresión del estado al trabajador que con necesidades humanas perduran esperanzados en promesas de mejoras a largo y casi nunca cumplidos plazos.