JUJUY

Cuestionan la elección de un militar como funcionario

Organismos de derechos humanos repudian y piden la remoción de Pulleiro

La designación del funcionario en el ministerio de Seguridad sigue cosechando repudios. En un comunicado los organismos de derechos humanos de Jujuy cuestionan la elección del gobernador de traer a un militar cuestionado en otra provincia

Organismos de derechos humanos repudian y piden la remoción de Pulleiro

Ante la designación del nuevo secretario de Seguridad de la provincia a cargo del Ministerio de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, los organismos de derechos humanos de Jujuy en un comunicado expresaron el repudio y preocupación del funcionario al frente de la cartera ministerial.

A días de conmemorar el 24 de marzo de 1976, el gobernador Carlos Sadir designa a un funcionario con antecedentes que interpelan las políticas de seguridad, y que tendra a cargo a toda la cupula policial y penitenciaria de la provincia.

Este año, los organismos de derechos humanos de la provincia consensuaron la consigna “Nunca más, un derecho menos”. Es así que expresa el comunicado: “Su nombramiento, por parte del gobernador Carlos Sadir, representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y una amenaza latente para la democracia y la convivencia pacífica en nuestro territorio provincial” advierten los organismos.

En ese sentido dicen: “exigimos al gobierno de la provincia de Jujuy la inmediata remoción de Juan Manuel Pulleiro en el cargo recientemente designado y que garantice una conducción del Ministerio de Seguridad comprometida con la democracia, la seguridad ciudadana y los derechos humanos”.

Los argumentos que los organismos sostienen: “Juan Manuel Pulleiro, coronel retirado del Ejército, posee un historial marcado por su alineamiento con posturas negacionistas y autoritarias que lo han caracterizado y por el cual ya ha sido severamente cuestionado. Su reivindicación del Operativo Independencia, su oposición a los juicios por crímenes de lesa humanidad y su cercanía con sectores ultraconservadores, que promueven políticas represivas, reflejan una visión de la seguridad basada en el disciplinamiento social arbitrario y la criminalización de la protesta, posturas que el gobierno provincial jujeño continúa instalando y naturalizando sin tener en cuenta ni la propia Constitución Nacional y en sintonía con el actuar del gobierno nacional de Javier Milei, reflejado recientemente en la represión desplegada en la ciudad de Buenos Aires”.

Además señalan que “su designación nos escandaliza como sociedad ya que no es un hecho aislado, sino que profundiza el modelo de seguridad punitivista y represivo que venimos arrastrando desde el inicio de la gestión de Gerardo Morales en Jujuy”, vale recordar que el ex ministro de Seguridad Guillermo Corro acompañó y llevó adelante las órdenes del Ejecutivo para reprimir a la ciudadanía.

En este sentido, recuerdan que "en los últimos años, la provincia se ha convertido en un laboratorio de criminalización de la protesta social, con la judicialización de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos y con el despliegue desmedido de fuerzas de seguridad y la sanción de normativas que restringen derechos fundamentales”.

“La represión brutal contra manifestaciones legítimas, como las protestas contra la reforma constitucional en 2023, evidencia esta política orientada a disciplinar a la sociedad mediante el uso de la fuerza según intereses que benefician a unos pocos y excluyente de real participación ciudadana a la gran mayoría de nuestra población y su gran diversidad socio-cultural que atraviesan todas las regiones”.

“Desde los organismos de derechos humanos de Jujuy, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos y libertades de nuestro pueblo digno de respeto y reparación histórica. No permitiremos que el autoritarismo y la represión se instalen como política de Estado poniendo en riesgos mayores nuestro presente y el futuro de nuestros hijos e hijas”.

 



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