Llegó el día en que por primera vez en la Argentina se concrete una movilización para exigir la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, convocatoria que fue realizada por un juez y que se replicará en Jujuy, en medio de pedidos de intervención.
Fueron varios los sectores que se adhirieron a la protesta y que incluye a abogados/as, periodistas, pero también organizaciones sociales, barriales, sindicales, aunque principalmente de derechos humanos desde donde apuntaron que el actual sistema de justicia garantizó la impunidad de Pedro Blaquier acusado de delitos de lesa humanidad por el secuestro y desaparición de personas durante la Noche del Apagón.
Los puntos fundamentales para sumarse a esta movilización es la necesidad de tener “una justicia independiente, imparcial, transparente, democrática y con perspectiva de derechos” expresaron las diferentes organizaciones (entre ellas Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy - Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ledesma - APDH Regional Jujuy - CAPOMA DDHH - Liga Argentina por los Derechos Humanos Jujuy - Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos - Asociación de Ex presos políticos regional Ledesma Coordinadora contra la Violencia Institucional Jujuy - HIJOS Jujuy - ANDHES - Sara Velasquez militante de DDHH - Madres, Familiares y amigos de detenidos desaparecidos de Purmamarca - Grupo de Abogadxs de DDHH Jujuy - Madres y familiares de detenidos desaparecidos de Calilegua).
En la misma dirección, consideraron la necesidad que el poder judicial esté conformado por “personas idóneas e independientes de los poderes económicos y de las presiones políticas”.
Y apuntaron “no desconocemos qué se trata del único poder del Estado que se encuentra exento de la selección y la legitimidad que otorga un sistema democrático que elige a sus representantes mediante el voto popular”.
“Siendo la justicia, el último ámbito de protección y resguardo de la vulneración de derechos de todas las personas, es que entendemos que el deber de cumplir la ley de forma independiente e imparcial, despojados de presiones de cualquier tipo, constituye una garantía de vida necesaria para cada ciudadane de nuestro país.
Nuestro Sistema Constitucional es mucho más que el texto sobre el que juran los representantes del Pueblo. Se trata de un acuerdo básico social, que pretende el equilibrio entre diferentes sectores, en tanto debe contribuir a que un sector no actúe en desmedro de otro que merezca igual protección y respeto en sus derechos más elementales” subrayaron.
En ese sentido, aclararon “llevamos 38 años de democracia ininterrumpida que resultan necesarios defender y fortalecer, porque costó la vida de 30.000 compañeres que aún seguimos buscando”.
Respecto a la falta de independencia de poderes que existe en Jujuy, pusieron como ejemplo lo que fue la ampliación del Tribunal Superior de Justicia: “en diciembre de 2015 incorporando estratégicamente a aliados políticos del gobierno de turno como vocales del máximo tribunal, en este sentido debemos recordar que dos diputados que habían votado la ley de ampliación del Tribunal días más tarde fueron designados como vocales del tribunal. A esto se suma que en diciembre de 2020 fue designado como vocal el Ministro de Seguridad, un funcionario del poder ejecutivo”.
Y agregaron “se creó un nuevo poder ‘autónomo como el Ministerio Público de la Acusación, mediante una ley con designación de su máxima autoridad a través del poder ejecutivo provincial, por fuera del orden constitucional provincial vigente”, como así también pusieron en foco la aplicación del Código Contravencional “que criminaliza cualquier forma de protesta social”, además de utilizarse como forma de disciplinar a sectores opositores.
Sin embargo, la mayor demostración de que las decisiones tomadas por magistrados/as carecen de independencia es el caso de Pedro Blaquier que, pese a haber sido señalado desde hace más de una década por lo ocurrido durante la madrugada del 20 de julio de 1976 en Calilegua, nunca llegó a ser juzgado.
“La Cámara Federal de Casación Penal, y luego de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han provocado impunidad para responsables de graves crímenes contra la humanidad, ocurridos durante la dictadura cívico militar eclesiástica en nuestro territorio, como es el caso de Blaquier y la empresa Ledesma”.
En consecuencia, consideraron la necesidad de “una reforma integral feminista del poder judicial, como respuesta a la violación de principios constitucionales que vienen siendo avasallados. La violación de la garantía de división de poderes, de igualdad ante la ley, de acceso a una respuesta judicial razonable y temporalmente válida, el derecho a la libertad física y de pensamiento y el respeto por el derecho a la vida y a la dignidad; exigen una modificación sustancial en la estructura del Poder Judicial para recuperar la vigencia constitucional de nuestra República Democrática”, concluyeron.