Organizaciones exigen la anulación del juicio contravencional contra dirigentes

El juicio contravencional iniciado contra 15 dirigentes por las protestas durante la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura en 2018, suma otro reclamo por parte de las organizaciones, que exigen la anulación del mismo.

Mientras que ayer los letrados de los acusados interpusieron un pedido ante la justicia para que se declare la nulidad de la causa, hoy, a través de un comunicado, organizaciones sociales, sindicales y políticas, también exigieron el cese del juicio.

Según explica el documento, se trata de “un procedimiento completamente inconstitucional y arbitrario, atacando garantías democráticas y constitucionales fundamentales”.

Asimismo, consideraron que “utilizando nuevamente el nefasto Código Contravencional se persigue a organizaciones políticas y sindicatos en una causa armada en el marco de una jornada provincial de protesta contra las políticas de ajuste del gobierno de Gerardo Morales, quien realizaba la apertura de sesiones legislativas tras imponer míseros aumentos a estatales sin paritarias, el cierre carreras terciarias y despidos de trabajadores, atacando las condiciones de vida del pueblo trabajador de conjunto”.

Respecto a los hechos sucedidos en 2018, las organizaciones aclararon “el 4 de abril de 2018 la policía, por orden del Ejecutivo Provincial, valló los ingresos a la Legislatura Provincial impidiendo la libre circulación, para luego reprimir a los manifestantes. Ese mismo fin de semana se produjo un operativo escandaloso que implicó detenciones ilegales de varias personas y el armado de causas penales en su contra. Es esa misma policía la que forma parte de la única "prueba" en la causa”.

“A todas luces se evidencian las intenciones de amedrentamiento y disciplinamiento contra las organizaciones políticas y sindicales, criminalizándolas por el solo hecho de manifestarse” sostuvieron, y además agregaron “como ya ha sido denunciado el Código Contravencional, sancionado durante en el gobierno de Fellner y puesto en funcionamiento en el de Morales, resulta claramente inconstitucional, otorgando a la Policía Provincial facultades extraordinarias -siendo la fuerza que realiza la denuncia, impulsa la causa, actúa como fiscal y determina la elevación a juicio de los presuntos infractores-, así como estableciendo la potestad de juzgar en cabeza de un funcionario elegido directamente por el Poder Ejecutivo”.

Respecto a la prueba sobre la que gira el juicio, subrayaron “corresponde a las imágenes y videos tomados con cámaras de agentes policiales ocultos entre los techos de edificios y con sus propios celulares, todo gravemente ilegal y nulo, evidenciando el espionaje ilegal realizado contra las organizaciones perseguidas”.

Por último, destacaron que en Jujuy “no se respetan las mínimas garantías constitucionales y se ha instalado un verdadero régimen policiaco, lo que ameritó observaciones y denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dichas observaciones son ignoradas por el gobierno provincial y su poder judicial”. Frente a esta situación manifestaron su repudio a “la judicialización y persecución contra las organizaciones sindicales, sociales y políticas, así como la utilización del Código Contravencional para intentar acallar los reclamos ante el ajuste en curso, y exigimos la anulación de la causa y la derogación del inconstitucional Código Contravencional provincial”.

El comunicado, contó con el apoyo de organismos y personalidades de derechos humanos (Encuentro Memoria, Verdad, y Justicia • CORREPI • Sergio Maldonado •Encuentro Militante Cachito Fukman • H.I.J.O.S. ZONA OESTE • SERPAJ •CADHU • Ce.Pro.D.H. • Liberpueblo • Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia • APEL • CADEP • CMM (Colectivo Menoria Militante) • AEDDAsociación de Ex Detenidos Desaparecidos • Comisión de Vecinos Justicia por Campomar • Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy • ANDHES • Red Por La Identidad • CAPOMA-DDHH • Asociación de Ex Presos Políticos Regional Ledesma • Horacio David Meguira - Director Nacional del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma • Casa de las madres • Comisión DDHH • Madres Victimas de Trata • Luis Paz - Abogado de Milagro Sala, entre otros). Legisladores nacionales y provinciales (entre ellos, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Natalia Morales y otras figuras del FIT, como así también del diputado mandato cumplido de Unidad Ciudadana, Juan Manuel Esquivel).

También firmaron organizaciones sindicales como la CTA Autónoma Jujuy, ATE Jujuy, APUAP, LUZ Y FUERZA; CEDEMS, ADEP, ATE Verde y Blanca, la CTA de los Trabajadores, el SIEOM, Federación Sitraju y el SEOM Jujuy.

En tanto, entre las organizaciones sociales y políticas se encuentran el PTS-FIT, PO-FIT; Corriente Clasista y Combativa (CCC Jujuy), FOL Jujuy, PCR, PTP, el MST en el FIT Unidad como así también el Partido Obrero; Izquierda Socialista, Nuevo Mas, Polo Obrero, Corriente Sindical Docente Marina Vilte, Consejo Pueblos Originarios LlankajMaki; MNCI Vía Campesina, la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres de Jujuy, ANAC Aeropuerto, el MTL Jujuy, ATD (Asamblea, Trabajo y Dignidad por el cambio social); AJI 20, Agrupación estudiantil Oktubre UNJu, Razón y Revolución, Corriente Sindical 18 de Diciembre; Agrupación Docente 9 de Abril, Organización Barrial Tupac Amaru; Partido de la Soberanía Popular, el Movimiento Tupaj Katari,  Ab. Avelino Bazán, el FPDS corriente nacional y el PRT.