Otra causa armada: la justicia jujeña imputó a comuneros por la muerte de una mujer en un corte de ruta

Una denuncia que intentó deslegitimar el reclamo de las comunidades originarias contra la reforma de la Constitución jujeña y que ahora llega en forma de causa penal: 23 comuneros fueron imputados por homicidio culposo, por la muerte de una mujer que estaba esperando el paso en el corte de ruta de Abra Pampa.

El hecho ocurría el pasado 10 de julio, cuando una mujer de origen boliviano estaba se descompensó en el colectivo en el que viajaba con destino a Buenos Aires. Si bien la mujer fue atendida y trasladada al hospital de forma urgente, su fallecimiento fue usado por Gerardo Morales para apuntar contra los cortes de ruta que las comunidades indígenas habían iniciado el 16 de junio, día en que se aprobaba la reforma parcial de la Constitución provincial.

La denuncia era realizada a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, la cual detallaba:

Una turista identificada como Virginia Flores Gómez falleció tras sufrir una descompensación en el colectivo de larga distancia que se encontraba detenido sobre la RN °9, a la altura del ingreso a Abra Pampa, mientras esperaba a un grupo de personas que se encontraban obstruyendo totalmente la calzada decidieran ceder o no el paso al colectivo en el que se trasladaba.

Según informó la radio operadora de la base XII que intervino en el hecho, la muerte ocurrió cuando la víctima comenzó a sentirse mal y se desmayó dentro del colectivo de línea ‘El Quiaqueño’. El chofer del ómnibus llamó al 107 SAME y se activó una ambulancia. Al llegar al corte de ruta, los paramédicos ingresaron a la unidad de transporte y lograron estabilizar a la mujer.

La trasladaron en estado crítico hasta el hospital local. Al llegar, la mujer se volvió a descompensar por lo que los médicos le realizaron arduas tareas de RCP, pero nada pudieron hacer para salvar la vida de la turista que, finalmente, murió en el trayecto del móvil de emergencia al shock room del nosocomio.

Sin señalar que manifestantes nunca se opusieron al paso de las ambulancias, la denuncia concluye que “en virtud de la obstrucción del paso, se perdieron valiosos minutos que posiblemente habrían hecho la diferencia en el fatídico desenlace”.

En ese sentido, la abogada Mariana Vargas, que defiende a uno de los imputados, salió a cuestionar esta causa y apuntó que fue “sacada de la galera” y la consideró estratégica para el gobierno de Jujuy en su intención de evitar que haya mayor adhesión a los cortes de ruta.

“El hecho existió y conmocionó el fallecimiento de la mujer. Esa muerte no fue provocada por la responsabilidad de ninguna de las personas en los cortes y ni siquiera por los cortes”, explicó la letrada. Así también, detalló tras la lectura de un informe del SAME, que “no hubo demora de atención, el SAME se entera y en 20 minutos (la mujer) fue atendida en el hospital y fallece, lamentablemente”.

Asimismo, la letrada señaló “es una profunda mala fe del gobierno y del Ministerio Público de la Acusación, es sin lugar a duda el brazo ejecutor del gobierno, no es un órgano independiente” y agregó que es “gravísimo que se pretenda atribuir a gente que estaba protestando un hecho que no tiene nexo de causalidad”.

Además, Vargas consideró que este encausamiento a comuneros y comuneras de Purmamarca, La Quiaca, Abra Pampa y Humahuaca “genera preocupación en las personas perseguidas” y llamó a visibilizar “las mentiras, las falsedades, el uso político de las causas, que no tiene que ver con el derecho sino con la clara persecución y es parte de lo que internacionalmente se está planteando como delito de lesa humanidad que vive el pueblo de Jujuy”.

Entre las mentiras puede indicarse la imputación a integrantes de diferentes comunidades que ni siquiera estaban en Jujuy para esas fechas, algo que ya había sucedió en un juicio contravencional contra un dirigente de OLA, dejando así expuesta las falsas pruebas aportadas.

Por en contrario, la abogada resaltó la falta de investigación en los casos de las personas que fueron afectadas por la represión de junio, como los jóvenes y hombres que perdieron la visión.

Sobre las 23 imputaciones, Vargas dijo “hay preocupación en los imputados, no están todos notificados, es una clara intimidación, una persecución” y aseguró en los cortes “garantizaban el paso de ambulancias, fue una preocupación permanente”.

Este viernes la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N°1 citó a 11 de los imputados para que conozcan la causa y designar a sus defensores. En tanto, desde la defensa ya comenzaron a juntar testimonios de quienes estaban en el colectivo donde viajaba la mujer fallecida. Los primeros relatos dieron cuenta que no hubo abandono de persona, ni mucho menos homicidio culposo.