Los casos de violencia en los funcionarios del gobierno de Gerardo Morales, parecen ser moneda corriente, y a las denuncias contra Lello Sánchez, Cabana Fusz y Navarro -además primo del gobernador-, ahora se suma el caso de Miguel Ángel Rivas, quien fue denunciado por su ex pareja por violencia física y psíquica.
El 31 de enero de 2019, la ex pareja, se presentó en el Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género, donde pidió una medida de restricción contra Rivas.
Según detalla la denuncia, se pide que se cumpla con las medidas resueltas el día 30 de enero de 2019, donde se imponía al funcionario de Morales, “abstenerse de ejercer actos de violencia física y psíquica, como así también prohibir insultos, palabras agraviantes o desplegar conductas amenazantes por cualquier medio contra” la denunciante. Además, teniendo en cuenta que por ese entonces había feria judicial, se instó a notificarse a Rivas del modo que fuera posible.
Esta medida precautoria, con un plazo de 120 días, también exige “prohíbase al accionado, Sr. Miguel Ángel Rivas, acercarse” a la denunciante “o ingresar a su domicilio, debiéndose mantener a una distancia de 300 metros del domicilio particular (…) o de su trabajo y/o de los lugares donde esta concurra”.
El caso de Rivas, es que tratándose de una figura pública y política, debiera cumplir con lo establecido por la ley. Recordemos que el Congreso Nacional sancionó en 2009, la Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, donde en el artículo n°2 establece “el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia”.
Aun así, Rivas, al igual que el titular del MPA, Sergio Lello Sánchez, el ministro Jorge Cabana Fusz y el ahora ascendido para ocupar un cargo dentro del Congreso, Néstor Navarro, primo de Morales, desde el gobierno provincial los apaña con un velo de impunidad, ratificándolos como funcionarios.
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