Lejos de propiciar la paz que tanto se abogó Gerardo Morales en campaña y en el propio eslogan de gobierno, el mandatario abre día a día nuevos conflictos, no sólo con comunidades indígenas, campesinas, sindicatos, organizaciones sociales y la población en general, sino también con organismos nacionales, los cuales quiere despojar de oficinas, tal como ocurre con el INTA y ahora también con Gendarmería.
Tal como se conoció a principios de agosto, la Fiscalía de Estado -la misma que persigue penalmente a quienes se manifestaron en contra de la reforma (in)constitucional- envió una carta documento al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para que en un plazo de 10 días desocupara las instalaciones ubicadas en el Posta de Hornillos, lugar donde funciona el centro experimental, junto con el IPAF (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar).
El argumento es que el Estado provincial necesitaba de “modo imperativo” el lugar para implementar una sede “administrativa operacional y multifuncional” en virtud de los cortes de rutas protagonizados por las comunidades del Tercer Malón de la Paz.
En total, la provincia había cedido en comodato unas 1263,25 hectáreas, convenio que vencía en 2036.
Situación similar se repite con el sitio que ocupa el Grupo Purmamarca de Gendarmería Nacional, a escasos metros de la intersección de las rutas 9 y 52.
El 20 de agosto (es decir, pasadas dos semanas de la carta documento enviada al INTA), nuevamente la Fiscalía de Estado apuntó a la liberación del espacio que ocupa el grupo dependiente del Escuadrón 53 de la fuerza nacional. Esta vez, no esgrimió ninguna razón por la cual pide la desocupación del inmueble.
A diferencia con la nota enviada al INTA, se adjudicó la necesidad por los cortes de ruta. Por el contrario, para el 20 de agosto, sólo prevalecían 3 cortes de ruta, siendo que el de Purmamarca ya había sido levantado el lunes 14, después de los comicios de las elecciones PASO.
El operativo con fuerzas de la provincia incluyó la quema de una wiphala, de objetos personales y el amedrentamiento de comuneros y comuneras que se reagruparon a un costado de la ruta, donde permanecen pacíficamente.
Así, el pedido de desalojo del grupo de Gendarmería parece responder a una actitud revanchista del gobierno de Morales que, además de perder la interna de Juntos por el Cambio, por primera vez desde 2015 quedaba en segundo lugar su fuerza.
El conflicto docente por los salarios y la actitud altiva de las comunidades indígenas que sostuvieron los cortes de ruta desde el mismo día que se aprobó la reforma de la Constitución, fueron unos de los pilares del desgaste de la imagen del dirigente radical. Cortes en los cuales la fuerza nacional (por orden del Ministerio, pero también de la Cámara de Casación) no tomó acciones para liberar las rutas, como pretendía Morales.
Pedido de desalojo a Gendarmeria
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