Otro pedido más de veto al SEPROSA, el cobro será igual para funcionarios como para trabajadores informales

Inconstitucional, compulsivo y un avance a la privatización del sistema público de salud, así entienden varios sectores la implementación del Seguro Provincial de Salud -SEPROSA- además de imponer el cobro igualitario entre funcionarios y trabajadores informales, por lo que insisten en que sea vetado.

Fue el reciente conformado partido político Haciendo otra Historia que expuso que el pago de la cuota será similar entre quienes tienen sueldos que superan ampliamente el costo de la canasta básica total y quienes ni siquiera tienen un ingreso fijo.

“El gobierno de Jujuy pretende cobrarle a un repartidor de pizza lo mismo que hoy paga un funcionario, con un sueldo de más de 2 millones mensuales”, compararon.

Es precisamente sobre los ingresos que Desde otra Historia pusieron el foco.

“Hoy el sueldo en blanco representa la mitad o menos de lo que cualquier empleado dentro de la administración pública jujeña cobra, eso significa que hay que agregarle una suma similar en negro para llegar al sueldo de bolsillo. La cuota inicial del SEPROSA que será de $ 50.000 (cincuenta mil pesos) mensuales es igual a la cuota en el Instituto de Seguros que hoy paga un empleado que tiene un sueldo totalmente en blanco de $ 1.000.000 (un millón de pesos) y que recibe al menos otro millón en negro, es decir que está cobrando alrededor de $ 2.000.000 (dos millones de pesos) de bolsillo. Sueldos que, casi con exclusividad, cobran funcionarios provinciales y municipales. Es inaceptable pretender que un repartidor, un vendedor ambulante o un emprendedor paguen la misma cuota que un funcionario. No hay argumentos razonables para justificar esta medida”, cuestionaron.

En la misma dirección, detallaron que el promedio salarial de trabajadores de planta permanente con una antigüedad de 10 años, ronda entre los 500 y los 600 mil pesos mensuales, aunque en blanco solo se corresponde unos 250 o 300 mil pesos. “Si se calcula el 5 % del descuento para el ISJ, da como resultados cuotas de $ 12.500 a $ 15.000, es decir 35.000 por debajo de lo que se le pretende cobrar por el mismo servicio a un repartidor de pizza, a una ama de casa no registrada, a un emprendedor o a un vendedor ambulante. Es descabellado e ilegal, dado que es pretender cobrarle a alguien un monto diferente por un servicio similar”, apuntando directamente que el valor del seguro será más caro para quienes menos tienen, contraponiéndose a lo expresado por el oficialismo que busca que se mantenga el sistema “solidario” de la salud.

“El gobierno provincial justifica la creación del Seguro Provincial de Salud o SEPROSA diciendo que ‘el que pueda pagar, que lo haga y el que no seguirá recibiendo atención gratuita, pero con calidad’. Esta afirmación no solo es engañosa, sino que oculta un modelo profundamente excluyente y desigual”, acotaron desde el partido.

Pero, la cuestión salarial no es la única cuestión a la que apuntaron, sino también en cómo se acreditan los ingresos. “La ley establece que solo estarán exentos aquellos cuyos ingresos sean inferiores a dos salarios mínimos, lo que actualmente equivale a $540.000. ¿Cómo va a demostrar una persona que no tiene recibo de sueldo ni está registrada que cobra menos de ese monto?”.

Y subrayaron “la burocracia que requerirá la implementación de este sistema, degrada aún más a los sectores vulnerables, obligándolos a registrarse como indigentes o a demostrar una situación económica que no pueden certificar formalmente. Esta falta de operatividad va a obligar al pago de los $ 50.000 a todos, a los que tengan ingresos inferiores a $ 540.000 y a los que superen esa cifra”.

Además, consideraron este seguro es “un robo legalizado, porque te obligan a pagar muy caro un servicio que debe ser libre y gratuito por Constitución Nacional”.

Instando a que la ciudadanía firme el rechazo de este seguro, la agrupación política recordó que “el Gobierno de Jujuy quiere convertir un derecho en un privilegio, cobrando cifras exorbitantes por algo que debería ser gratuito. Es un retroceso gravísimo”, por lo que esperan que la ley sea vetada, pedido que comienza a surgir desde varios espacios.