Se conoció la resolución N°1280 de la Jefatura de la Policía de Jujuy emitida en octubre y resuelve una felicitación colectiva y tres días de franco estímulo a 404 efectivos policiales que participaron del operativo de seguridad del 20 de junio.
Ese día se vivió la cruel represión en la capital jujeña que duró cerca de cuatro horas en inmediaciones de la Legislatura de la provincia tras la jura de la Reforma (in)constitucional a medida de Gerardo Morales.
Fue ese día hubo un centenar de detenidos, personas heridas, que incluyó que un hombre perdiera un ojo, además de la persecución a dirigentes, manifestantes, docentes, comunidades originarias que se manifestaban rechazando la nueva carta magna por ir contra los derechos garantizados en la Constitución Nacional.
Uno de los días más negros en este año, donde se sancionó una reforma en tiempo récord con una serie de irregularidades, entre ellas fue el doble rol del Gobernador de la provincia que fue presidente de la Convención Constituyente hecho que el artículo 100 de la Constitución de la provincia se lo prohibía. El proyecto oficial de reforma fue ingresado 12 días antes de sancionarse, sin ser conocidos ni por los propios constituyentes elegidos el 7 de mayo. Además, el proyecto no cumplió con el derecho a la consulta libre, previa e informada que establece el Convenio 169 de la OIT para las comunidades indígenas. No hubo participación real de la ciudadanía y se trató en un contexto hostil con un conflicto social como fue el reclamo salarial y la fuerza que cobró el reclamo de “arriba las whipahlas, abajo la Reforma”, que aún persiste en la provincia.
Con informes de organismos de derechos humanos internacionales o misiones especiales que apuntaron al uso ilegal de la fuerza -evidenciada no sólo por la cantidad de manifestantes heridos en sus rostros y que viola tratados internacionales, sino también por la utilización de vehículos particulares sin identificación, detenciones que no fueron debidamente informadas, entre otros puntos-, el reconocimiento del Jefe de la Policía no hace más que seguir alimentando el clima de persecución y hostigamiento a sectores opositores.
La resolución firmada por el comisario general, Jefe de la Policía de la provincia Héctor Herbas Mejías data con fecha del 9 de octubre, son 10 hojas con el detalle de los 404 efectivos, tanto hombres como mujeres, que reprimieron salvajemente. Además, fueron las represiones del 17 de junio en Purmamarca con la intención de despejar el corte de ruta, la del 20 de junio en la capital durante la jura de la nueva Constitución, la del 30 de junio en Humahuaca donde pobladores exigían al Concejo Deliberante que declarara el rechazo a la reforma y la del 14 de agosto en Purmamarca donde integrantes del Tercer Malón de la Paz iban a retomar el corte tras la liberación de la ruta para garantizar la libre circulación para las elecciones en donde se vio acentuada la criminalización de la protesta social.
Después de cuatro meses, el jefe de la policía felicita a los efectivos dependientes del departamento Central de Policía, Unidad Regional I, Centro de Monitoreo 911, Personal afectado al curso de ascenso (primera cohorte) que participaron en el servicio de seguridad y prevención desplegado en la capital.
Una resolución que no es más que una ofensa a las víctimas, sino también a la ciudadanía que vio violentado su derecho a la protesta. Donde todos los hechos de violencia han sido denunciados en la justicia provincial, nacional. Esos hechos que han sido encuadrados en delitos de lesa humanidad, hoy el Jefe de Policía traduce con una resolución en “felicitación colectiva”.
Resolución del franco estímulo por 3 días
Herbas es otro de los funcionarios que junto al gobernador, ministros, funcionarios judiciales han sido denunciados por la violencia institucional que desató la sanción de una nueva reforma que es la carta blanca para el saqueo de los recursos naturales, la apropiación de territorios indígenas, entre otros tantos temas que van contra los intereses de los jujeños.
Herbas Mejías, que tras el 20 de junio en declaraciones a los medios nacionales admitió que recibieron el apoyo “desinteresado” de los privados, a quienes tuvieron que “pedir ayuda porque no dábamos abasto con la cantidad de camionetas policiales, son vehículos de secuestro, y también centros vecinales trajeron agua y comida para los policías”, expresiones alejadas a la realidad.
Este franco estímulo se suma al bono de 50 mil pesos que recibieron quienes participaron del operativo represivo del 20 de junio en menos de 24 horas, puesto que su acreditación fue el 21.
Por aquel entonces, sindicatos docentes todavía seguían con el paro por tiempo indeterminado para reclamar mejoras salariales. La respuesta desde el Ejecutivo es que las arcas del Estado no permitían solventar los incrementos que pedía el sector, dinero que evidentemente sí había al poder girar la suma extraordinaria a la cantidad de efectivos que participaron del operativo de seguridad, tanto uniformados como otros de civil y que manifestantes señalaron como los infiltrados que causaron la quema de vehículos y destrozos en la Legislatura.
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