Con la firma del secretario de Salud, Jorge Camacho y su par de Salud Mental y Adicciones, Agustín Yécora, desde finales de junio dejó de existir Incluir Salud, el programa nacional que asistía a personas con discapacidad, trasplantas, entre otras.
Fue a través del Memorándum Nº9 que ambos funcionarios dieron por concluido el programa, por lo que quienes recibían tratamientos médicos y rehabilitaciones pasaron bajo la órbita del Ministerio de Salud de la provincia.
Incluir Salud dependía a nivel nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad -ANDIS- una de las tantas dependencias estatales afectadas por los despidos masivos impulsados por el gobierno de Javier Milei. Asimismo, el Ejecutivo interrumpió el pago a prestadores, afectando así la normal atención a sus beneficiarios y beneficiarias, es decir, titulares de pensiones no contributivas (madres con 7 hijos/as o más, con discapacidad con invalidez laboral y personas de 70 años).
Cierre Incluir Salud
Según detalla el documento, beneficiarios y beneficiarias deberán ser “considerados en igual de condiciones que cualquier otro paciente sin obra social, esto implica que el mecanismo de operatividad en relación a la atención debe ser de forma inmediata, resolviendo casos pertinentes desde el hospital donde el usuario es asistido” y agrega que la atención debe ser “oportuna y adecuada, sin demoras ni trabas burocráticas, la prioridad es asegurar que todos los usuarios del sistema de salud tengan acceso a los servicios necesarios para el cuidado de su salud”.
El cierre del programa -que asistía a pacientes en el ámbito de la salud mental, diálisis, trasplantes, hemofilia, y enfermedades poco frecuentes, además con discapacidad-, implica que, en muchos casos, pacientes se queden sin medicación o rehabilitación, incluso sin ayuda técnica, ya que a través de Incluir Salud se hacía entrega de sillas de ruedas, prótesis, ortesis, audífonos, entre otros materiales.
Si bien la decisión de los funcionarios provinciales pareciera responder a las acciones del Ejecutivo nacional, beneficiarios y beneficiarias del programa desde 2022 vienen apuntando a la falta del cumplimiento de los tratamientos en Jujuy. A mediados de diciembre de ese año, personas que habían sido trasplantadas se congregaron en las puertas del Ministerio de Salud para reclamar una atención integral de la salud.
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