Día Trabajado, día pagado, así fue la frase que acunó alguna vez Gerardo Morales ante un inminente paro docente, maniobra que el Ejecutivo sigue utilizando para extorsionar a sindicatos, que ya advirtieron medidas de fuerza si se aplicaban nuevamente descuentos en los haberes de educadores.
Fue en la mesa paritaria que, tanto ADEP como CEDEMS, exigieron a las autoridades que no se apliquen sanciones a quienes ejercen el legítimo derecho a huelga, tal como ocurrió con los haberes de julio, donde se denunció descuentos de hasta 100 mil pesos, resultando una medida confiscatoria por parte del gobierno de la provincia.
En ese contexto, los sindicatos advirtieron que si nuevamente se aplicaban descuentos, nuevamente iban a tomar medidas de fuerza.
Lejos de intentar de destrabar el conflicto -donde los gremios a modo de buena voluntad aceptaron la oferta salarial, aunque bajo protesta- el viceministro de Educación, Julio Alarcón manifestó “no está firmado en ninguna acta de las mesas paritarias el pago de los días de paro. Está establecido que el día que no se trabajó no se paga. Lo que sí se hizo estos días, es el reintegro progresivo mal realizados. Por eso desde el Gobierno se tomó la decisión de descontar los días de paro en tramos, no de forma total”, expuso ayer por la noche el flamante funcionario en el programa Detrás de las Noticias, en el cual también participó la nueva titular de la cartera educativa, Miriam Serrano.
Así, los sindicatos ya apuntan a concretar un paro por 48 horas, los días 18 y 19 de forma progresiva, tal como detalló ADEP en un comunicado.
La confirmación de la medida de fuerza llegará luego que docentes perciban sus salarios de agosto este viernes, tal como está establecido el cronograma de pagos de la administración pública provincial que inicia este miércoles.
Sin embargo, el malestar de la docencia jujeña no se cierra al tema de los descuentos.
El CEDEMS apuntó a la falta de cumplimiento del llamado mensual para actualizar salarios, como así también la implementación de recomposiciones salariales que no se condicen con los índices de inflación.
En ese sentido, los sindicatos exigieron al gobierno provincial que cumpla con el pago del bono de 60 mil pesos decretado por Nación para paliar la crítica situación económica.