Sueldos de septiembre sin liquidarse y un acuerdo que las empresas de transporte público de pasajeros que incumplen casi de forma sistemática hizo que ayer, a partir de las 19, trabajadores de la UTA Jujuy iniciaran un paro de forma sorpresiva afectando a cientos de usuarios y usuarias y que desde el gobierno se trató de resolver convocando a una conciliación obligatoria, por lo que hoy las partes deberán sentarse a resolver el conflicto.
Fue el Ministerio de Trabajo que llamó a una audiencia para este miércoles a las 9.30, para que el sindicato y las empresas prestadoras del servicio presenten sus reclamos y propuestas. Por parte de trabajadores, el pedido es la cancelación de los salarios correspondientes al mes pasado, siendo que los mismos deben pagarse hasta el quinto día hábil del mes siguiente, fechas acordadas en conciliaciones obligatorias anteriores, donde la UTA también había tomado la decisión de realizar medidas de fuerza.
Sin embargo, este no es el único punto que las empresas acordaron y que siguen sin cumplir: cuando en 2019 el sindicato llevó a cabo un paro que duró 6 días, el Concejo Deliberante de la capital jujeña declaró la emergencia del transporte público, donde se estableció que las prestatarias debían garantizar una guardia mínima, algo que tampoco concretaron.
Los argumentos desde las empresas siempre es el mismo: los subsidios entregados por la provincia y nación no son suficientes para hacer frente a los costos de mantenimiento, para el combustible y el pago de los salarios, por lo que apuntan al incremento del costo del boleto como única solución.
Por el contrario, el concejal del FIT Unidad, Gastón Remy analizó el año pasado los estados contables de diversas empresas - El Urbano, Santa Ana, San Jorge, Xibi Xibi-Colón y Unión Bus- concluyendo que los incrementos del pasaje estuvieron por encima de la inflación, además de haber poca o nula inversión.
Asimismo, el edil capitalino detallaba que el total de ingresos de las cinco empresas se componía en un 50% por la venta de boletos y el otro 50% por subsidios nacionales (mayoritarios), provinciales y municipales, lo que permitía a las compañías registrar ganancias operativas, además de subrayar que los subsidios cubrían el 100% de los salarios, incluso generando un “excedente de subsidios aplicados a otros rubros de los gastos”.