JUJUY

También es apuntada por incumplimiento de sus deberes

Pedido de juicio político a jueza de la Suprema Corte de Jujuy por incompatibilidad

Se trata de Laura Nilda González Lamas quien, ademas de ejercer la magistratura, es socia activa de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, aún cuando la actividad comercial está prohibida para el cuerpo de jueces

Pedido de juicio político a jueza de la Suprema Corte de Jujuy por incompatibilidad

La tranquilidad con la cual contaba hace un tiempo la Suprema Corte de Justicia de Jujuy quedó relegada con un nuevo pedido de juicio político a una de sus integrantes: Laura Nilda González Lamas por segunda vez atraviesa un pedido de destitución.

Recientemente se dio a conocer el ingreso a la Legislatura de una presentación en contra de la magistrada señalada por incompatibilidad e incumplimiento de los deberes de su cargo. Será la sala  acusadora que tratará el pedido de juicio político y destitución.  

Con la firma del abogado Pablo Rojas, el pedido de juicio político contra Lamas se basa en la actividad económica privada que desarrolla la jueza como socia activa de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy. “Se encuentra ejerciendo el comercio en forma concomitante con el ejercicio de la máxima magistratura provincial en franca violación” del artículo 190 de la Constitución provincial, tal como señala el escrito ingresado a principios de mes.

Según detalla la presentación, la jueza se dedica desde 2013 al cultivo de tabaco, hecho que se comprueba con su inscripción en AFIP, alta que sigue vigente hasta la fecha, siendo socia activa de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy. Asimismo, Lamas se encuentra inscripta como trabajadora autónoma desde 2009 bajo la categoría 1, lo que equivale a un ingreso de hasta 25 mil pesos mensuales.

Además, el abogado, agrega que la jueza también se encuentra inscripta en Ganancias y tributa IVA, también desde hace quince años. “La Dra. Lamas ha violado, y se encuentra violando en la actualidad, lo expresamente dispuesto por el art. 190 de la Constitución Provincial el cual establece que (…) ‘no pueden desempeñar empleo o función dentro o fuera de la provincia, excepto la docencia; ni realizar acto alguno que comprometa o afecte sus funciones’”, explica y adjuntó las pruebas pertinentes de la actividad comercial que ejerce la integrante de la Suprema Corte provincial.

Pruebas sobre la actividad económica privada de la jueza

Pruebas sobre la actividad económica privada de la jueza

De esta manera, Rojas, fundamenta su pedido de juicio político advirtiendo “el ejercicio de la magistratura y función judicial es incompatible con las actividades y emisión pública de opiniones político- partidarias. También lo es con la actuación profesional, la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera”, puesto que esto podría afectar su imparcialidad o disponibilidad.

Y agrega “es evidente que la Dra. Lamas González durante todos los años que se desempeñó como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy lo hizo en franca incompatibilidad, pues jamás dejó su actividad principal y privada comercial de cultivo de tabaco, jamás dejó de ser socia de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy y jamás dejó de dedicarse a su actividad privada por la cual tributa y se encuentra inscripta en AFIP”.

En ese sentido, el abogado indica que “la conducta de los magistrados debe ser irreprochable y la inamovilidad en sus cargos está garantizada mientras dure su buena conducta”, requisito que Lamas no cumpliría.

Sin embargo, el pedido de expulsión de Lamas no sólo se debe a esta incompatibilidad, sino también por “el desconocimiento inexcusable del derecho”, citando como ejemplo el caso de la suspensión del juez de Control, Rodolfo Zurueta. Lamas falló que la suspensión del magistrado fuera con goce de sueldo, por lo que Rojas subraya que la ley establece que ninguna persona tiene derecho a percibir remuneración por tareas y/o trabajos no cumplidos de manera efectiva, por lo que la decisión de la jueza perjudicó al erario público.

De esta manera, Laura Nilda González Lamas por segunda vez en señalada para ser separada de su cargo: en mayo de 2022, se elevaron 5 pedidos de juicio político a integrantes del máximo órgano de justicia de la provincia, dos de ellos terminaron en la presentación de renuncia -por parte de Elizabeth Altamirano y Clara Falcone- y la posterior caída de los otros 3 pedidos.



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