Un hecho insólito en la justicia jujeña: el gobierno de la provincia representado por fiscalía de Estado avaló los aumentos arbitrarios en el servicio eléctrico que se refleja en las boletas de los usuarios y que van desde un 100 % a un 400%. Las cifras son impagables, la empresa de energía empezó con cortes en el servicio. Los reclamos no han cesado desde que se conocieron los montos de las boletas.
Así, se judicializaron una vez más las tarifas eléctricas y el juez del Contencioso Administrativo resolvió dar lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado provincial (SUSEPU) a adoptar las medidas necesarias a los fines que la empresa prestataria del servicio de energía EJESA proceda a suspender los cortes de servicio, fundados en la falta de pagos en los periodos comprendidos desde 1/2/24 al 30/4/24 hasta que se resuelva la causa. Además citó a una nueva audiencia para el 7 de mayo, pero fue el Procurador General de la Gobernación, Sebastián Albesa, quien expuso ante el juez que acudirán a la Corte Suprema de la provincia, de manera que la medida queda sin efecto hasta una resolución.
Los usuarios quedan desprotegidos
Resultó que ayer en la audiencia del amparo colectivo y una medida cautelar presentada por las abogadas Claudia González y Alicia Chalabe referentes de la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) y Asociaciones de Consumidores Comité del Consumidor (Codelco) en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras concesiones (SUSEPU) y el Estado provincial. El objeto fue frenar los aumentos arbitrarios de la empresa EJESA autorizados por la SUSEPU bajo la resolución N°60 con fecha de febrero, que aumenta la facturación en distintos porcentajes. Además, solicitaban que se retrotraigan las tarifas a enero 2024 y que no se corte el servicio a los usuarios.
La audiencia en el Juzgado Contencioso Administrativo, estuvo presidida por el Juez Sebastián Damiano, vocales Fernando Pedicone (licencia) y la vocal Ruth Fernández y las partes representadas por: las abogadas por los usuarios González y Chalabe, por parte de la SUSEPU estuvo la abogada Ana Melé, por Fiscalía de Estado Sebastián Albesa, por el Ministerio Público de la Acusación el abogado Barconte, quien se presentó en el expediente porque la causa es de interés público y está contemplada en la nueva Constitución de la provincia. La intervención del MPA sorprendió y también la defensa que realizó por los usuarios, ya que solicitó que se realice audiencia pública para las tarifas de servicios básicos, además recordó la resolución 182 de la SUSEPU de 2022 que aún no fue resuelta en la justicia ya que imponía aumentos de un 70%.
Son más de 70 mil los usuarios en la provincia, entre ellos, con beneficios sociales y otros en otra franja. Fueron los vecinos de varias localidades que empezaron a movilizarse para rechazar los aumentos tras recibir las facturas con importantes subas.
La decisión del procurador sorprendió a las partes por la decisión política de defender la determinación de la SUSEPU, ente autárquico que jerárquicamente tiene dependencia con la Secretaría de Energía de la Provincia. Además, fiscalía cuestionó la legitimación de la Asociaciones de usuarios que son delegaciones en la provincia y están facultadas inscriptas en el registro de Defensorías de usuarios.
Resolución irrecurrible
“La causa queda como congelada porque Fiscalía interpuso la manifestación previa de recurrir, el tribunal ya no puede resolver nada” explicó González. “Es decir, Albesa hace un per saltum a la Corte Suprema. En rigor de verdad no corresponde, uno no puede estar de acuerdo con la resolución del presidente de trámite de un órgano colegiado como el Tribunal Contencioso, lo que corresponde es hacer un reclamo ante el cuerpo. El cuerpo en pleno resuelve y después se puede ir a la instancia Superior que es extraordinaria. No es una tercera instancia, no es que todos tenemos derecho a recurrir e ir a la Corte Suprema en cualquier oportunidad”. A su vez destacó que “la particularidad de esta circunstancia la resolución que concede o deniegan una medida cautelar no son recurribles. Uno puede reiterar la solicitud. Sin embargo, el Dr. Albesa hizo la manifestación previa ante lo cual el tribunal recurrido pierde competencia, tiene la competencia al solo efecto de librar constancia de manifestación previa y será el órgano superior verá si se aboca o no. Entiendo que no lo puede hacer porque no están dadas las condiciones jurídicas procesales. Sera la Corte que resuelva el planteo de fiscalía, el amparo quedó congelado”.
Mientras tanto la resolución 60 de la SUSEPU de febrero sigue vigente y los aumentos se van a seguir aplicando “hoy los usuarios manifiestan la imposibilidad de pago de las facturas que han llegado a los domicilios”.
Los tarifazos en la provincia tienen vieja data, sucedió con la resolución 182 de la Susepu en el 2022, fue el ex gobernador Gerardo Morales ante esos aumentos arbitrarios que superaban el 70% decidió que sean de un 48% y ordenó a la empresa EJESA que evite cortes del servicio. La resolución 182 fue firmada en su momento por el vocal de la Susepu, Martín Llamas, hoy vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
“Lamento que la cuestión de fondo esté demorada, porque no está ni en tratamiento, son cuestiones procesales que deben cumplirse” acotó González. Además, se presentaron referentes gremiales como amicus curiae en el expediente y la CTA Jujuy presentó un amparo similar.
“Hoy hay que pagar la factura de luz, el que no paga sufrirá el corte del servicio y no hay posibilidad de otra cosa, porque la posibilidad que nos dio el Contencioso Administrativo es impedida por el representante de Fiscalía de Estado” afirmó la abogada.
Hoy sindicatos, organizaciones sociales, vecinos autoconvocados y la multisectorial convocan a marchar a la SUSEPU, ente regulador del Gobierno provincial que le autorizó a EJESA tarifazos superiores al 150%. La convocatoria está prevista para las 9 en la Plaza de los Inmigrantes. La columna también se hará presente en la oficina central de EJESA.
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