La situación irregular de la provincia al ceder 1000 hectáreas de áreas protegidas del parque Nacional Calilegua a la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) preocupa a la sociedad tanto por su impacto ambiental como por su proceder legal cuestionable.
La Diputada Nacional Carolina Moisés presentó en la Cámara de Diputados Nacionales un pedido de informe al Poder Ejecutivo de la Nación sobre algunos eventos ocurridos en nuestra provincia. Uno de los casos, es un convenio entre el Gobernador Gerardo Morales y la Administración de Parques Nacionales en el cual establecen los alcances de la intervención que tendrá la administración de parques en el área delimitada del Yacimiento Caimancito.
Esta situación viene siendo denunciada por organizaciones ambientales, trabajadores y pobladores de Calilegua ya que esos convenios enmascaran la cesión de 1000 hectáreas protegidas a la empresa Jemse para su explotación, imposibilitando que se fiscalicen los aspectos ambientales dentro del Parque Nacional Calilegua e impedirá el control por el cese de la explotación de petróleo como la ley provincial lo exige.
La reserva nacional de Calilegua fue cedida por la provincia en 1978 al estado nacional con destino al Servicio de Parques Nacionales. En 1996 la APN y la concesionara firmaron un acta acuerdo estableciendo un plan cuidado ambiental. En el 2008 el Gobierno Provincial autoriza la explotación controlada a una sociedad integrada por JEMSE, y firman una carta de intención para extender la explotación del yacimiento hasta 2037. Esa concesión preveía la apertura de nuevos pozos dentro del parque aumentando la producción de petróleo.
Hay entre 33 y 36 pozos petroleros, algunos de los cuales presentan un alto riesgo de roturas o pérdidas provocando la contaminación en los recursos naturales, afectando especialmente ríos y napas de agua vitales para el ecosistema, como ya se constató en el 2000 a contaminación en el Arroyo Yuto provocado por el pozo abandonado Caimancito e-3 que se encontraba fuera del área concesionada.
En el 2015 se estableció el cese de la explotación en el parque y el estado provincial demanda el cierre de pozos para la recuperación del medio ambiente, de problemas derivados de la explotación hidrocarburifera.
Ante el evento de gran potencial perjudicial para la provincia y sus recursos naturales, en un proceso que reviste de contravenciones legales, la Diputada Moisés exige que se informe y se revea la situación, y se solidariza con los trabajadores que vienen sosteniendo el reclamo. Desde su rol en el Congreso de la Nación, propone el uso de las herramientas legislativas que colaboren a solucionar el conflicto.
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