La segunda gestión de Morales frente a la provincia comenzó de la peor manera: los escándalos no paran de salir a flote, y ahora, otro de sus funcionarios fue señalado por un caso de violación: Pablo Baca, presidente del STJ, fue denunciado por la ex titular de la DIPEC, Ana Juárez Orieta, y en respuesta el funcionario judicial adelantó que “por el bien de mí familia y la comunidad” la denuncia por violación tendrá una respuesta.
El hecho se dio a conocer a través de la publicación del portal El Cohete a la Luna, titulada la violación, donde la ex funcionaria relata los hechos sucedidos en agosto de 2019.
La nota inmediatamente generó tal revuelo en los medios locales, que Baca -quien actualmente se encuentra de licencia para afrontar su defensa en lo que respecta al pedido de juicio político debido a los audios donde señala la injerencia del poder ejecutivo sobre la justicia- debió realizar su descargo.
El documento del magistrado, titulado la extorsión consumada, indica que “Ana Juárez Orieta (la denunciante) luego grabarme en forma clandestina durante años y entregar el material para su manipulación y publicación, ahora ha efectuado una denuncia en mi contra por un supuesto hecho aberrante que habría sucedido el 23 de agosto de 2019”.
Y prosigue “la prueba de que la denuncia es falsa proviene de las mismas grabaciones que ella entregó. En los audios que se publicaron en la primera nota del portal digital “Cohete a la luna”, llamada “Limpiar el sótano”, aparece una conversación amistosa que mantuvimos el 11 de octubre de 2019. No podríamos haber conversado en esos términos si unos días antes se hubiera producido un ataque como el que denuncia”.
Sin embargo, Baca le da algo de crédito a las declaraciones de Orieta, al reconocer que mantenían una relación “lo real es que (Ana) Juarez Orieta grabó, en forma ilegal y clandestina, distintas conversaciones en el marco de una relación informal. Jamás estuve al tanto -como ella pretende- de que las grababa: nadie habla si sabe que lo están grabando. Grabó conversaciones con un fin que no podía ser lícito durante, por lo menos, tres años, en connivencia con su hermana Débora Juárez de Bracamonte, legisladora provincial”.
Asimismo, y saliendo en defensa de su accionar, en este caso del pedido de juicio político, el titular del STJ aclara “algunas semanas atrás, las grabaciones aparecieron en una nota de un diario digital. Habían sido manipuladas para cambiar el sentido de las frases, para eliminar lapsos temporales y para descontextualizar el contenido, todo lo que acredité mediante una pericia informática. Los objetivos eran presentar un argumento a favor de la presunta falta de independencia del Poder Judicial de Jujuy y también vincularme a causas en las que me encuentro excusado. Al momento de publicarse los audios no se hizo referencia alguna un supuesto abuso sexual que Juárez Orieta hoy denuncia, de modo que se trató de un plan por etapas, que incluso me fue siendo anunciado mediante amenazas”.
“El hecho es que cuando hice pública mi intención de denunciar Ana Juárez Orieta y a su hermana, comenzaron a extorsionarme. Me llegó, a través de distintas personas, que tenían en su poder otros elementos que podían perjudicarme. Entre esas amenazas se señaló la fecha en la que luego se me atribuiría el supuesto ataque sexual. Frente a la coacción, denuncié las amenazas, y ello muchos días antes de que se me atribuyera este hecho aberrante. Me presenté en la Justicia y señalé en forma precisa la coacción a la que estaba siendo sometido” continuó en el descargo.
Asimismo, subraya “la denuncia falsa que Juárez Orieta formula en mi contra es el resultado de las denuncias que realicé previamente. Juárez Orieta, luego de participar de una operación política ilícita, decidió cubrirse a través de la extorsión. Como no cedí, echó mano a una calumnia infame”.
En lo que respecta al portal El Cohete a la Luna, que también hizo público los audios, Baca manifiesta “el diario digital sostiene que la denuncia falsa de Juárez Orieta ratifica que la intervención al Poder Judicial jujeño es una salida racional, lo que pone de manifiesto una obvia intencionalidad política. La nota, plagada de contradicciones, así utiliza la lucha de las mujeres contra la violencia de género poniéndola al servicio de una operación política execrable”.
“Lo que dejo en claro es que, frente a las amenazas, ante la extorsión ahora consumada, he optado por cumplir con mis deberes, sin hacer prevalecer en ningún momento mi interés personal” señaló el juez.
Por último, Baca recalca “tengo obligaciones como funcionario, pero también, ahora, como persona atacada en el derecho a la integridad de su nombre y de su imagen, me propongo defenderme de una manera activa. Se me endilga un delito repugnante con el solo fin de consumar la maniobra política y destruirme personal, social y familiarmente, y ello va a tener la respuesta que corresponde, que consistirá el ejercicio de mis derechos, sin descanso, por el bien de mi familia y de la comunidad que merece certeza sobre las personas que ejercen responsabilidades públicas”.
Lo cierto, es que no es el primer caso de violación que se le endilga a un funcionario radical (recordemos que Baca asumió como diputado del Frente Cambia Jujuy, y votó la ampliación del STJ, órgano del cual forma parte): fue la denuncia contra Jorge Cabana Fuzs, ex ministro de Trabajo, quien expuso los casos de abuso dentro de la gestión de Morales, tras ser denunciado por abuso sexual por una de sus empleadas.
Lo mismo ocurre con el primo de Gerardo Morales, Néstor Navarro, quien se desempeñaba como Secretario de Relaciones con la Comunidad, dentro el Ministerio de Seguridad, cuando fue denunciado por abuso sexual contra una menor en 2019.
A pesar de ello, Navarro, tras presentar su dimisión, trabajó en la Legislatura provincial, lugar del cual fue promovido para ocupar un lugar en el Congreso Nacional.
Además, se suma las denuncias de violencia de género que pesan sobre el titular del MPA, Sergio Lello Sánchez.
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