A una semana del inicio del paro de la UTA en San Salvador de Jujuy, en la cual desde el municipio no se ha hecho nada para que usuarios no se vean perjudicados por la medida de fuerza, dos abogadas de organizaciones de defensa al consumidor denunciaron penalmente al intendente Raúl ‘Chuli’ Jorge acusado de delitos a la administración pública e incumplimiento de funcionario público. Nueva denuncia se tramita en el Ministerio Público de la Acusación.
Fueron las doctoras Alicia Chalabe y Claudia González, delegadas de las asociaciones de usuarios y consumidores CODELCO y PROCONSUMER, respectivamente, quienes apuntaron al funcionario, que hasta el momento no ha dado explicación alguna sobre qué medidas se trabaja desde la municipalidad para destrabar el conflicto. La única solución que se baraja es un nuevo incremento del boleto, el cual llegaría casi a los mil pesos, tal como señala el estudio de costo que ingresó al Concejo Deliberante en el día de ayer.
Respecto a las imputaciones al intendente radical, las abogadas detallaron el delito contra la administración pública por el incumplimiento de la ordenanza que declara servicio público esencial al transporte, asimismo le cabe incumplimiento de los deberes de funcionario público por falta de prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros; falta de ejecución y comunicación de “plan de contingencia”; falta de cobertura del seguro por pasajeros transportados y falta de pago del seguro ART de los Choferes.
Sin embargo, la acusación más grave es por fraude al Estado: según indicaron las referentes de CODELCO y PROCONSUMER, en la capital jujeña existe el doble de tarjetas SUBE otorgadas a personas con discapacidad en relación a la Credencial Única de Discapacidad -CUD-, siendo esta credencial otorgada únicamente por el Ministerio de Salud de la provincia.
Chalabe sintetizo que la denuncia "concretamente tienen que establecer un sistema de contingencia para el paro del transporte público" .
Por otra parte, este viernes a las 15 concluye el cuarto intermedio y se volverá a concretar una nueva audiencia de conciliación obligatoria entre la UTA y las empresas concesionarias.