Por la represión en Jujuy contra la reforma, este viernes y sábado se relevarán denuncias

Mientras la Legislatura jujeña sigue tratando proyectos del Ejecutivo para adecuar las instituciones a la nueva Constitución reforma, en paralelo continúan las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos contra manifestantes y durante este viernes y sábado, la Comisión de Recepción y Análisis de denuncias sobre la violencia institucional tomará testimonios a las victimas de la brutal represión.

En cumplimiento del decreto nacional 435/23, esta comisión llevará acabo su actividad en la capital jujeña, siendo que este viernes tomará las denuncias en la sede del sindicato CEDEMS, ubicado en calle Balcarce 162 de 9 a 20, mientras que mañana se hará presente en barrio Gorriti, en el domicilio Esteban Echeverria 663, en el horario 9 a 18.

Bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la comisión es integrada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, al pastor Leonardo Schindler, la antropóloga Diana Lenton y los juristas Eduardo Salvador Barcesat y Humberto Podetti, quienes desempeñarán sus tareas ad honorem.

La tarea de la comisión consiste en receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional; recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y la ciudadanía en general; elaborar un Informe que será puesto en conocimiento en el Congreso de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.

La gravedad de los hechos apunta que además, no sólo se cometió abusos por parte de las fuerzas, sino que además también se apunta a delitos de lesa humanidad, donde la responsabilidad no sólo caerá sobre efectivos policiales, sino también tendrá un costo político para las autoridades del gobierno.