Por no rendir cuentas, inhibieron los bienes de la Compañía de Seguros de Jujuy

El desfile de contadores en el Ejecutivo provincial no es garantía de rendición de cuentas, así, en el día de ayer, la Superintendencia de Seguros de la Nación ordenó inhibir los bienes de la empresa estatal Compañía de Seguros de Jujuy, un negocio creado bajo las órdenes de Gerardo Morales.

Fue mediante la resolución 407/2024 que se salió en el Boletín Oficial nacional que se dio a conocer la mala noticia para el gobierno de Carlos Sadir, la cual expone que “con motivo de la falta de presentación de los Estados Contables correspondientes al período cerrado al 30 de junio de 2024”, la Superintendencia de Seguros de la Nación dispuso la inhibición general de bienes de la Sociedad del Estado que fuera creada en 2022.

Según indica la resolución del organismo “la falta de presentación de los Estados Contables conlleva tal gravedad, en relación a la determinación y conocimiento de la solvencia patrimonial de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que la Ley N° 20.091, en el artículo 86 inciso d), faculta a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN a disponer sin audiencia de parte, la prohibición a la entidad aseguradora de realizar, respecto de sus inversiones, cualquier acto de disposición o los de administración que específicamente indique”, por lo que prohibió a la aseguradora provincial a “realizar actos de disposición respecto de sus inversiones”. La medida puede ser recurrida en un plazo de 5 días.

Frente al escándalo que supone esta inhibición de bienes por la falta de mostrar los números de la empresa del Estado, la abogada Alejandra Cejas apuntó “en la Provincia con más corrupción por metro cuadrado del país, le acaban de inhibir los bienes a la Compañía de Seguros (esa que le saca plata a todos los trabajadores del sector público). Nunca presentaron rendiciones de cuentas. La costumbre de nunca rendir cuentas”.

Y agregó “viste como estafan. El tren no solar es eléctrico y la Compañía de Seguros que no asegura. Me imagino que alguien iniciará juicio político a los responsables o la denuncia de defraudación... digo los que deben hacerlo... no creo, aquí en Jujuy son todos socios de la corruptela”, sentenció.

Las expresiones de la ex diputada van directo al ideólogo de esta empresa estatal, nada más ni nada menos que Gerardo Morales.

Antes que se convirtiera en una Sociedad del Estado, el ex mandatario provincial exponía en ocasión de la apertura de una sede de la empresa aseguradora “fui trabajador del ISJ, formé parte de la comisión interna de la obra social y siempre soñamos que además de la cobertura de salud, también se desarrolle en el área de seguro. Nunca se logró la autorización y este es un gran paso, un viejo sueño que para mí era un objetivo a cumplir”.

Por aquel entonces dirigentes de la oposición ya exponían críticas por la obligatoriedad del seguro para agentes estatales y sobre la cual el propio Morales señalaba: “la obligatoriedad del seguro de sepelio significa una cobertura que no tenían, ya el número abarca a más del 50%, así que fue una medida acertada”.

Asimismo, para defender la aplicación de este seguro de sepelio de forma compulsiva, el gobernador argumentaba “este será un negocio financiero que le servirá a la provincia para realizar inversiones en turismo y salud”.

Con el fin de poder dirigir a la compañía, en julio de 2022, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para convertir a la aseguradora en una Empresa del Estado. Con mayoría parlamentaria, su aprobación era un hecho.

Bajo la órbita estatal, “los miembros del Directorio y el Síndico serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo Provincial”, según establece el art. 2 de la ley 6291 de creación de la Compañía de Seguros de Jujuy S.E.

Actualmente, el vicepresidente de la empresa es Luciano Rivas, ex diputado provincial por el bloque radical, además de haber oficiado como abogado querellante en la causa “Huevos” que tenía como señalada a Milagro Sala. Acérrimo de su líder Gerardo Morales, Rivas trató de “lacras” e “hijos de puta” a legisladores que denunciaban en el recinto provincial la crisis sanitaria devenida de la pandemia. También supo ser uno de los convencionales constituyentes oficialistas para la Reforma parcial de la Constitución provincial.

Creada en 2022, la empresa debía presentar los estudios contables respecto al periodo 2023, algo que finalmente no hizo, dejando expuesto la falta de control de los fondos que administra.