Una resolución del Ministerio de Educación que genera preocupación tanto en padres como en docentes: en 2025, se dispuso que en una gran cantidad de escuelas no se realicen designaciones, situación que temen que provoque el cierre de instituciones, algo que ya viene ocurriendo y que hasta el momento, se contabiliza el cierre de al menos 60 escuelas, en especial, rurales.
Fue durante este fin de semana que comunidades indígenas se convocaron en Chocoite, donde en asamblea el tema tomó relevancia debido a que son las principales afectadas. “Maestros, comunidades seguimos unidos contra la vulneración de derechos, le decimos no al cierre a las escuelas de las comunidades, estamos aquí por el futuro y el presente de nuestros niños”, expuso una de las comuneras.
La maniobra a la que apunta el Ministerio también incluye la “nuclearización” de establecimientos, es decir, la fusión de escuelas, como así también de grados donde considera que la matricula es baja, afectando así el desarrollo normal de la trayectoria educativa de niños y niñas. “Las escuelas rurales son las que reciben los sectores de mayor pobreza. ¿Quiénes son los más afectados en términos de desarrollo social? Cuando se cierran las escuelas, los adultos y los niños se sienten marginados, y es un proyecto de país que parecería que no considera las demandas de las comunidades. Yo de verdad que veo una contradicción, pero muy destacada en cuanto hablamos de derechos, pero parecería que las escuelas rurales no tenemos derechos. Los alumnos de las escuelas rurales, los alumnos no tienen derechos. Hablamos de fusión de grados, parecería que no se respeta el derecho del niño”, sostuvo Catalina Vargas, docente de la Escuela primaria Nº103 “Minería Argentina”, ubicada en Coyahuaima, Rinconada.
Fue la misma docente quien apuntó que el cierre de establecimientos educativos se viene produciendo desde 2017 y ya contabilizó al menos unas 60 escuelas cerradas. “Esto no es de ahora, esto ya v se viene haciendo, solo que bueno, nadie nos escucha, nosotros siempre dijimos a la gestión, incluso, de que no podía ser que se cerraran las escuelas sin pensar en el valor social, en el grupo social de los alumnos, porque ellos se sienten como discriminados, los niños van construyendo su propia visión con estas transformaciones de su localidad y las relaciones y la racionalidad con la que se sustentan. Entonces, yo creo que es importante destacar que la experiencia de lo común, porque ellos trabajan en comunidad, ellos se sienten parte, integrantes de la comunidad, junto con los padres, junto con las autoridades, que en este caso puede ser la maestra, que no pasa desapercibida, la maestra es el enlace, es relevante en la escuela, porque es la que va a entrelazar las relaciones de toda la comunidad”, relató la docente en diálogo con Radio 2.
A pesar que la decisión afecta a la escuela de Coyahuaima, Vargas expuso “los papás todavía no saben porque nosotros no vamos a decirles, ellos tienen que saber por disposición de la escuela, o sea, a la escuela seguramente el papel ya ha llegado con esa disposición, y bueno, los directivos son parte de lo que es la gestión política, porque entonces ellos van a salir, seguramente harán una reunión, no sé cuándo, cuando ya esté todo instrumentado, cuando ya esté todo, que no se pueda volver atrás y, seguramente que los padres al ver este cierre, muchos de ellos van a optar por dejar a los niños en el campo”.
Si bien Catalina Vargas señala que la reestructuración y el cierre de escuelas tiene como objetivo achicar la cantidad de plantel docente, la principal preocupación es por el futuro de los niños y las niñas que se ven afectados por la decisión política: “hablamos de la pluralidad en el campo, pero entonces yo digo, ellos son los que están gestionando. ¿Por qué no buscan la manera de solucionar?”, manifestó y agregó “creo que en términos políticos no sería conveniente, porque una comunidad organizada para que pueda luchar mejor contra las amenazas del medio, yo creo que políticamente me parece que a ellos no les conviene, ¿será eso?”.
Así, la docente reflexionó sobre el cierre de las escuelas rurales y el impacto en las comunidades indígenas “las sacaron de la Constitución de la provincia y ahora la quieren sacar de la nación”.