Preocupación por la persecución política en Jujuy

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal estuvieron  en la provincia  manifestando su preocupación por la grave situación institucional que se vive en Jujuy, ya semanas atrás habían expedido un comunicado señalando la falta de estado de derecho en la provincia.

En la visita los Fiscales expresaron su repudio al avance de los juicios políticos en la legislatura, uno al Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Ficoseco y otro a la Presidenta del Tribunal de Cuentas Nora Millones y dos vocales  Mariana Bernal y René Barrionuevo.

Entre las reuniones que se concretaron, los fiscales fueron recibidos por la Diputada Nacional Carolina Moisés quien les trasmitió su preocupación por el autoritarismo del gobierno de la provincia, ampliando la estructura del Superior Tribunal de Justicia y creando inconstitucionalmente el Ministerio Público de la Acusación.

 “Dirigentes gremiales, políticos, sociales y trabajadores permanentemente son perseguidos por cuestiones políticas mediante el armado de causas para disciplinar al resto. Ahora la persecución es al Fiscal General, a funcionarios del Tribunal de Cuentas, a la prensa. Es una constante, toda persona que piense distinto al oficialismo es merecedora de una sanción social, judicial.”, sostuvo la legisladora.

El presidente del Consejo, Mario Bongianino que encabezó la comitiva de fiscales,  expresó que la afectación de la división de poderes, la intromisión del Gobernador Gerardo Morales, en asuntos propios del poder judicial y del poder legislativo es crítica.

La legisladora nacional comentó que “esta gestión del gobierno no respeta la independencia de los poderes del estado, buscando naturalizar ese autoritarismo, recurriendo con mensajes violentos a la sociedad, estigmatizando a la oposición”.

Luego de una extensa conversación, Bongianino junto a otros fiscales expresaron que realizarán las acciones legales y llevaran el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.