“La persistencia de abusos y atropellos sobre tierras de pueblos originarios, de derechos que han sido violados y adulterados por quienes se encuentran dentro del gobierno provincial, no puede seguir siendo una realidad de cada día en Jujuy.”
La Diputada Nacional Carolina Moisés, presentó en la Legislatura provincial, un pedido de suspensión para la expropiación de tierras en el distrito Piscuno y Colorado del Departamento Tumbaya.
“Los pueblos originarios deben ser escuchados ya que tal medida afecta de manera directa los derechos de incidencia colectiva de las comunidades aborígenes que habitan en estas tierras”, expresó.
Este proyecto despertó un gran malestar en las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que dispone la expropiación de tierras comunitarias y avanza sobre las comunidades indígenas sin realizar la consulta libre previa e informada en audiencia pública como corresponde.
Oscar Tolaba, en su rol de Comisionado Municipal de Purmamarca apoyó el reclamo asumiendo que “acompañamos a las comunidades que ayer fueron alertadas sobre la expropiación de los terrenos, a ellos no se les consultó y nosotros como Comisión tampoco estábamos informados de ningún proyecto de este tipo.”
“Hay leyes de organismos internacionales que avalan la consulta a dichas comunidades y nosotros también como funcionarios somos elegidos por el pueblo y tenemos el deber de conocer y decidir lo que se haga o no en estas tierras,” agregó Tolaba.
A su vez, el Gobernador Morales, como promotor de dicha iniciativa, conoce y decide ignorar la posición de las comunidades que han dicho “NO a la megaminería”, en esa región. Si bien el destino invocado por la “utilidad pública” es la construcción de un centro de recepción de visitantes en las Salinas Grandes, lo cierto es que la localización del terreno con proximidad al salar, y la afectación territorial de comunidades aborígenes, generan suspicacias por la supuesta conveniencia de la expropiación para destinarla además a la explotación minera.
En medio de los reclamos y la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios y del derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, este proyecto de ley resulta un atropello que atenta contra el derecho de autodeterminación de las comunidades, más aún, luego de los hechos acontecidos en febrero de este año, con la clara postura de nuestros hermanos de Salinas Grandes expresando el “No al Litio” de manera rotunda.
Ante el evento de gran potencial perjudicial para la provincia y sus recursos naturales en un proceso que reviste de contravenciones legales, la Diputada Moisés exige que se suspenda este proyecto y se revea la situación, y se solidariza con las comunidades originarias que son las más perjudicadas.
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