Protocolo antipiquetes: presentan un habeas preventivo en Jujuy para garantizar la integridad de manifestantes

A horas de concretarse la marcha en conmemoración del estallido social del 2001, abogadas de Jujuy presentaron un habeas corpus preventivo y colectivo para que se garantice la integridad de manifestantes, ello, a consecuencia del protocolo “antipiquetes” que lanzó el Ministerio de Seguridad de la Nación que viola derechos constitucionales y que en la provincia retrotrae a las dolorosas imágenes de la represión por la reforma parcial de la Constitución.

Silvana Llanes, Alejandra Cejas, Lorena Mamani y Mariana Vargas fueron las encargadas de realizar la presentación que busca prevenir cualquier tipo de amenaza a la libertad ambulatoria e integridad física de quienes se expresarán esta tarde en las calles jujeñas.

El habeas corpus apunta que el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que lanzó la cartera de seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, sumado a “los antecedentes de actuaciones del gobierno de la provincia de Jujuy, consistente en la violación a la ley de inteligencia y de seguridad interior, constituyen la suspensión ilegal de derechos amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

En ese sentido, las abogadas consideraron que la aplicación de esta resolución lo único que hace es cercenar la libertad de las personas, ya que la misma establece la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales a cortes de calles, además que habilita su identificación y el empleo de la fuerza (necesaria y suficiente, según indica el protocolo), con el fin de impedir la movilización.

Sin embargo, el protocolo no termina allí. “La ministra de Seguridad Bullrich, al momento de presentar y/o explicar las mencionadas disposiciones, anunció que se identificará y se requisará a quien tenga la cara tapada en las estaciones de trenes”, menciona el habeas, por lo que las letradas señalaron “se trata de una jornada de memoria y lucha activa, de la que anualmente participan agrupaciones políticas, asociaciones sindicales y de desocupados, como así también centros de estudiantes y organizaciones de Derechos Humanos” y recordaron las 39 muertes que dejó la protesta durante el gobierno de De la Rúa, siendo Bullrich parte de esa gestión.

Y aseveraron “a ultra intención del ‘Protocolo’, mediante la señalización de un grupo particular de manifestantes, presentándolos como ‘enemigos sociales’ remonta a la metodología de las dictaduras y genocidios que se sucedieron en el país y en el mundo”.

Frente a esta resolución (943/2023), las abogadas cuestionaron que el mismo “suspende de hecho sus derechos y garantías constitucionales, circunstancia que sólo sería admisible si el Congreso Nacional permite la declaración de Estado de sitio o el presidente en su defecto, lo que no sucedió”, por lo que además la ministra de Seguridad se excede en sus facultades.

Asimismo, también apuntaron a la amenaza que lanzó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello respecto a “al que corta no cobra”.

Así, el recurso indica que la maniobra de ambas ministras vulnera “diversos derechos, garantías y principios constitucionales: derecho a la protesta, libertad de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a huelga y libertad sindical, libertad de expresión, libertad de circulación y libertad personal y principios de reserva, legalidad, republicano de gobierno, racionalidad y control de actos de gobierno y división de poderes”.