Proyecto de ley busca controlar el destino de los subsidios al transporte en Jujuy

Además del malestar generalizado de usuarios, el reciente paro de colectivos de la UTA Jujuy hizo que legisladores de la provincia pusieran en foco sobre las cuentas de las empresas concesionarias del servicio y presentaron un proyecto de ley que busca controlar el destino de los subsidios que perciben del Estado provincial.

La iniciativa es del diputado del FIT Unidad, Gastón Remy, quien desde hace tiempo viene cuestionado la calidad del servicio de transporte de pasajeros en el ejido capitalino, en comparación con el elevado precio del pasaje. En la misma dirección, el incumplimiento de los acuerdos salariales y de la liquidación de haberes a trabajadores, son los puntos en lo que se sostiene el proyecto.

Ante este escenario, el bloque de la izquierda espera que en el recinto se debata sobre el control del dinero del erario público destinado a las empresas concesionarias que, desde enero hasta agosto, llevan una ganancia acumulada de casi unos 3 mil millones de pesos (2.882.941.026, según detalla el texto ingresado a la Legislatura).

El proyecto no solo pone el foco en las empresas, sino también en la connivencia del Estado provincial y municipal con las empresas incumplidoras y que señalan que debiera ser motivo de la concesión de las líneas: “es el propio Intendente el que firma por decreto aumentos permanentes del boleto, perjudicando a los sectores populares y trabajadores con sus decisiones”, sostiene Remy en la presentación.

En ese sentido, el economista apuntó que dichos incrementos en el costo del pasaje son para compensar la quita de subsidios dispuesto por el Gobierno nacional, siendo pasajeros y trabajadores quienes terminan pagando el ajuste. “La crisis del transporte tiene responsables, y estos sin embargo salen ilesos y siguen haciendo un gran negocio con las empresas. Esto es posible gracias a un Estado que colabora activamente en subsidiar, otorgarles aumento del boleto y hacer la vista gorda ante los manifiestos incumplimientos de las obligaciones establecidas en los pliegos licitatorios”, subraya el proyecto.

Para contrarrestar esta situación, la normativa establece que los subsidios que reciben las empresas por parte del Estado provincial tendrán como prioridad el pago de salarios de chóferes.

Asimismo, plantea que sólo podrán acceder a la ayuda económica “aquellas empresas que no adeuden aportes previsionales, los atinentes al pago de la obra social de los trabajadores y conceptos salariales que respondan a negociaciones paritarias de índole nacional y/o provincial. Cualquier mora en el cumplimiento de estas obligaciones será motivo suficiente para la pérdida de esta asistencia económica de parte del Estado provincial” (art. 2), aunque en caso de existir “deudas previsionales, de obra social y/o salariales”, las empresas podrán subsanar la situación en un plazo no mayor de 30 días, sin posibilidad de prórroga. De continuar con el incumplimiento “se procederá a la quita de la línea o permiso de circulación otorgados. Acto seguido, el estado asumirá la prestación del servicio e iniciará un proceso de estatización del mismo bajo control de trabajadores y pasajeros”.

Por otra parte, el proyecto también apunta a conocer el estado financiero de las empresas, siendo requisito para obtener el subsidio presentar de forma trimestral los balances económicos, que serán auditados por profesionales independientes y por un comité de trabajadores y pasajeros.