Las causas penales contra el Estado provincial avanzan en la justicia provincial y Federal, una de ella es la causa por la represión en el corte de ruta en Purmamarca en junio de 2023, donde hoy se realizó la inspección ocular donde asistió el fiscal Diego Funes en reemplazo de su par Juan Sorbelo.
La causa investiga los hechos represivos durante la gestión de Gerardo Morales en el marco de las protestas contra la Reforma (In)Constitucional. Fueron varias las jornadas en las cuales la policía de la provincia arremetió contra comunidades indígenas y docentes. Una prueba de ello, fueron las víctimas que perdieron sus ojos por el impacto de las balas de goma. El relato que se multiplicó fue que los efectivos siempre apuntaron a la cabeza de manifestantes.
Así, este jueves se realizó una inspección ocular en la ciudad de Humahuaca, la abogada Silvana Llanés que representa a Joel Paredes estuvo en el lugar y resaltó que “hubo una gran cantidad de policías, la víctima indicó los lugares, fue a media mañana. Al fiscal ya le proveímos todo, como querella queremos que impute”.
“Las inspecciones oculares era para determinar lugar y empezar a imputar. Ellos ya tienen los responsables, sobran fotos, videos y se lo ve a Suárez con el casco. Esto para nosotros es un circo, es revictimizar a las víctimas a Liam, Marcelo Flores” comentó la abogada.
Incumplimiento
Ante el incumplimiento del Estado provincial en la reparación de la cancha ancestral y la finca de Cruz Moyoja en Caspalá, la justicia federal, tras una audiencia el pasado lunes, pasó a un cuarto intermedio para el 16 de febrero. El plazo venció el 5 de febrero para que se restituya formalmente a la comunidad.
El daño causado por la gestión de Gerardo Morales en noviembre de 2022 fue en 12 días y ahora no cumple en la reparación para restituir lo acordado con Fiscalía de estado y la unidad fiscal federal.
La abogada Silvana Llanes que representa al pueblo kolla de Caspalá explicó “el Estado provincial solicitó a la fiscalía federal una prórroga para poder cumplir” eso fue en la audiencia por incumplimiento de plazo, ya que la justicia le dio 25 días para la restitución de la cancha ancestral y la finca expropiada.
“Al no cumplir, el Estado busca sanear pidiendo una prórroga, la jueza escuchó al fiscal, quien manifestó que ya tenía todo listo, que a la cancha le faltaba delimitación y que la demora fue por la lluvia” señaló la abogada, aunque destacó que no hubo lluvia como otros años, desmintiendo la versión del funcionario.
En tanto la finca Santa Rosa, la propiedad de Pablo Cruz Moyoja no se cumplió con la documentación debido a que la Legislatura provincial se encuentra de receso, fue el argumento del fiscal.
“Para restablecer los derechos de don Pablo no podían citar a sesión a legisladores porque deben sacar una ley para derogar la ley de expropiación” ley que aprobó la Legislatura provincial en 2023 proyecto enviado por el Ejecutivo y se aprobó cual escribanía, sin conocer el lugar y desconociendo la documentación de la propiedad.
Y continuó la abogada “dijeron que tienen la voluntad de cumplir, que han estado sacando los escombros y nivelaron la cancha y poner los arcos que en un par de días terminaban”, se trata de los mismos arcos que pobladores que subieron a mula años atrás.
Asimismo, en la audiencia la jueza le dio la palabra a Lidia Balcarce quien relató que no hubo lluvia y expuso el maltrato a la presidenta de la comunidad que no la informaron sobre el plan de obras, ni quienes trabajarían, datos que estaban acordados en el convenio. “Los que estaba encargados de supervisar la obra era Fiscalía, la querella y Gendarmería, o sea, no cumplieron la manda. El convenio se realizó durante el periodo de sesiones ordinarias, se podrían haber cumplido para restituir. El gobernador tiene potestad de citar a sesionar y no lo hizo. No vemos voluntad de cumplir”, auspició.
En cuanto a la obra en la cancha “es una laguna” describió, ante los cimientos que retiraron y rellenaron con ripio. “Le pedimos a la jueza que no se otorgue prórroga por la desobediencia y se resolvió pasar a cuarto intermedio para el 17 de febrero. En el mientras tanto, las partes deberán enviar personal idóneo para ver la obra de reparación integral. En el caso de incumplir, se le colocaran multas al Estado provincial. Esperaremos la audiencia y consecuencias jurídicas al gobernador y le dije a su señoría que si no pueden resolver, será citado el gobernador de la provincia” manifestó la abogada ante la desobediencia que estaría incurriendo el Estado provincial.