Una trayectoria de 27 años en la integración de niños, niñas y adolescentes con distintas patologías hicieron que APREM -Asociación para la Rehabilitación Motora- recibiera una distinción a nivel nacional, en contrapartida, la justicia ordenó su desalojo en agosto.
La asociación tiene una escuela en San Pedro de Jujuy donde asisten niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down, autismo, Asperger, parálisis cerebral, espina bífida, retraso mental y síndrome de Prader-Willi. Por su labor, este lunes recibieron el premio Madre Teresa de Calcuta.
El trabajo que hace la institución no es menor, no sólo por las actividades de rehabilitación que llevan a cabo, sino también con el desinterés con el cual lo hacen, puesto que reciben a estudiantes aún cuando no tengan obra social.
La entrega del galardón sirvió para que la directora del lugar, Lorena Ladrú diera a conocer la situación que viven desde hace varias semanas: la justicia ordenó el desalojo del edificio que con esfuerzo de docentes y las familias construyeron a pulmón en un terreno baldío.
Según señaló Ladrú, la orden de desalojo puso como fecha límite para que dejaran el lugar el 31 de julio. La preocupación es que la escuela no cuenta con otro espacio adecuado para las necesidades de niños, niñas y adolescentes que asisten a APREM que, en algunos casos, utilizan sillas de ruedas.
Edificio construido por APREM
La primera notificación de desalojo llegó a principios de junio, frente al inminente despojo, la comunidad educativa permaneció toda la noche en el edificio que le disputa un centro de jubilados, al cual le fueron cediendo aulas y salones para evitar un conflicto. Finalmente, el desalojo quedó suspendido por 15 días, plazo que se cumplió el 20 de junio.
En ese lapso, autoridades del municipio y la diputada Gisel Bravo -hija del intendente Julio Bravo- destacaban que habían gestionado un lugar para el traslado de APREM, que debía compartir con otra institución también dedicada a la rehabilitación, pero con personas adultas.
Las dudas de la comunidad de APREM apuntaba a dos cuestiones: si las instalaciones cumplían con las necesidades edilicias para el caso y la segunda, sobre el plazo que tenían para quedarse allí, las versiones es que el alquiler del lugar sólo sería hasta diciembre, por lo que no estaba asegurada la continuidad en 2024.
El reclamo que hicieron desde que comenzaron a funcionar hace casi tres décadas era obtener un terreno propio, algo que siempre se prometió, pero nunca se cumplió.
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