Recolectan firmas para que se derogue el Seguro Provincial de Salud

Al igual de lo que fue la Reforma de la Constitución, la semana pasada la Legislatura aprobó la ley 6453 que establece el pago obligatorio de un Seguro Provincial de Salud consumando de hecho la privatización del sistema público de salud, por lo que recolectan firmas para que dicha normativa no entre en vigencia.

Congregados en el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública, organizaciones sociales, políticas y sindicales apuntan a esta iniciativa para dejar sin efecto la ley que arancela la atención básica en los hospitales públicos y puestos de salud.

Sobre este avance, desde el foro aclararon que el SEPROSA se enmarca dentro del Plan Estratégico de Salud “que el Ministro de Salud Gustavo Bouhid comenzó a implementar en la provincia en el año 2017 durante la Gestión de Gerardo Morales. Dicho plan privatizador, que hoy continua el actual Gobernador Carlos Sadir, implicó en una primera etapa la desestructuración del sistema sanitario público, el desmantelamiento de la atención primaria de la salud, la tercerización de servicios con empresas privadas, la precarización y los bajos salarios de los y las trabajadoras del sector, profundizando la crisis de recursos humanos en esta área, para luego avanzar con el arancelamiento de la salud pública”.

Asimismo, consideraron que este Plan Estratégico de Salud es parte de las recetas que planteó el Banco Mundial en el documento “Invertir en Salud” de 1993 y que apunta a desplazar “la estrategia de atención primaria de la salud por el sistema de seguro para los países en desarrollo”.

Por otra parte, el foro cuestionó la verdadera naturaleza de la normativa: mientras que el radicalismo lo presentó como un sistema solidario, la aplicación del SEPROSA “esconde la privatización del sistema público de salud”.

En ese sentido, cuestionaron como, pese a los altos índices de pobreza que hay en Jujuy “cualquier persona que quiera atenderse en un puesto de salud o en un hospital deberá realizar el pago de un seguro mensual que oscila entre los 40 y 50 mil pesos, nos referimos a aquellas personas que no tienen cobertura de salud, es decir los sectores más vulnerables”, por lo que no dudaron en catalogar que la ley sólo tiene fines recaudatorios.

Lejos del carácter solidario que quisieron señalar desde el Frente Cambia Jujuy, la ley tiene como beneficiarios a dirigentes de la política: el propio ministro Gustavo Bouhid, quien es dueño de la principal empresa de diagnóstico por imágenes de la provincia; Rubén Rivarola, diputado provincial (que votó a favor del SEPROSA) y dueño de las dos clínicas privadas más grandes de Jujuy y Manuel Quintar, actual Diputado Nacional por La Libertad Avanza, dueño de otra importante clínica privada.

Así, el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública entiende que este seguro se “contrapone al Derecho Universal a la Salud garantizado por los artículos 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional por lo que resulta inconstitucional”, por lo que pide su derogación.

Además, advirtieron que la aplicación de SEPROSA es un ejemplo de lo que puede replicarse a nivel nacional, ante las desregulaciones que aplica el gobierno de Javier Milei y que apunta al recorte de los derechos de la población.

Por último, instaron a la comunidad jujeña y nacional “a reaccionar frente a este nuevo avance sobre el derecho a la salud” y subrayaron que “el cuidado de la salud es un deber indelegable de los Estados y un derecho humano inalienable de la población a recibir una salud pública, gratuita, oportuna y de calidad”.