El Ministerio Público de la Acusación (MPA) suma otro escandaloso hecho con las renuncias de los fiscales Walter Rondón y Rodrigo Fernández Ríos, argumentan “motivos personales”. Lo cierto es que ambos ex funcionarios judiciales son investigados por Auditoría General de Gestión del organismo por el accionar en la causa penal por abuso y explotación sexual de menores en el Residencial Ranys, y la liberación de los detenidos en diferentes allanamientos en el mismo residencial. Y ahora la causa es investigada en el fuero federal sin detenidos.
En diciembre del 2024, el Juzgado de Control penal se declaró incompetente y remitió la causa a la justicia federal que está en manos del juez federal N° 1 Esteban Hansen y la investigación la lleva el fiscal federal Federico Zurueta.
La causa tuvo un gran hermetismo por las víctimas, pero llamaba la atención que no se investigara desde un comienzo en la justicia federal porque acumulaba denuncias ese residencial y otros similares de la zona de la vieja terminal. La lista de detenidos era larga y hasta el propietario del residencial polirrubro. En el medio la muerte de un trabajador del residencial.
El paso de Rondón por el MPA fue cuestionado desde que se conoció que estaba ternado por el Ejecutivo para ser fiscal por las denuncias en su haber por violencia de género y otras penales. A pesar de ello, asumió y fue fiel a las directivas del jefe del organismo Sergio Lello Sánchez.
En esa misma línea y bajo esas directivas, Fernández Ríos fue un soldadito y en la causa Ranys que se inició con la denuncia de Grooming que investigaron un año para recién allanar el lugar, no dieron intervención a la justicia federal. Vale recordar que en el 2022 la Fundación Alameda había dado cuenta de los casos de abuso sexual en varios residenciales circundantes a la vieja terminal, pero que la justicia provincial omitió. Ante ello y la gravedad del delito, desde la organización consideran necesario que pase al fuero Federal, algo que el fiscal Rodrigo Fernández Ríos rechaza y es quien llevó adelante la investigación en la justicia ordinaria. Situación que Rondón apoyaba y argumentaba que “no se trataba del delito de trata”.
Y ahora es el mismo Lello que inicia el análisis de la actuación de ambos fiscales en la tramitación del expediente del caso Ranys con el objetivo de determinar si cometieron irregularidades.
En tanto, el titular de la Auditoría, Esteban Fado Zamar, explicó que este tipo de auditorías son habituales en casos sensibles, ya que buscan “velar por la transparencia y eficacia de los procedimientos internos”.
Hoy los dos fiscales están fuera del MPA, el costo político es alto y seguro se verán sus nombres más adelante en otros cargos judiciales quizás en el Consejo de la Magistratura que ya va cobrando forma y requiere que se cubran cargos según la nueva Constitución de la provincia.
Trata y explotación de personas
En el 2022 se denunció ante la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) a instancias de la entonces delegada Burgos, del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, estructura que hoy fue eliminada por la gestión nacional.
“Pusimos a disposición de la justicia para dar toda la información que conocemos, que tenemos también en nuestros archivos”, comenzó señalando Gabriela Burgos, integrante de la ONG que se dedica a erradicar la trata de personas, sea esta con fines sexuales o no. Así, respecto a la investigación en curso sobre los casos de abuso sexual con menores en el residencial Ranys, la monja consideró “es muy compleja cuando se empieza a delimitar la tipificación del delito”.
Sobre este punto, Burgos apuntó que la causa debería ser caratulada como trata de personas, algo que la justicia jujeña no tiene contemplado. “No es porque nosotros queremos, sino que está escrito en un manual y también en los conceptos que califican a la trata de persona. Y todo el grooming, no es que deje de ser grooming, sino empieza a tener un agravante cuando se empieza a comercializar las imágenes”, aclaró.