Rubén Rivarola pidió el juicio político a Pablo Baca por “encubridor”

Otro golpe al golpe duro para Gerardo Morales en lo que refiere a las críticas por la falta de independencia de los poderes en la provincia, y esta vez, proviene de quien fuera catalogado como su socio en la Legislatura: Rubén Rivarola, que presentó un pedido de juicio político para el titular del STJ, Pablo Baca, a quien tildó de “encubridor”.

El diputado y presidente del PJ, señaló en el documento, presentando ante el parlamento provincial, que Baca incurrió en el “incumplimiento de los deberes a su cargo”, dado que el funcionario judicial tenía conocimiento de las “irregularidades” dentro del poder judicial pero no denunció los hechos.

Según detalla el documento, Rivarola indica “solicito desde ya la formación del pertinente juicio político y posterior destitución del señor presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy”. Dicho pedido manifiesta que “el Dr. Pablo baca ha incursionado- con su conducta- en las causales de incumplimiento de los deberes a su cargo”.

Asimismo, detalla que este pedido se basa en los audios que se hicieron conocidos a partir de la nota del portal El Cohete a la Luna, donde Baca refiere sobre la cuestión procesal de la dirigente social Milagro Sala.

Sobre este punto, la presentación destaca que los “hechos relatados en los audios se refieren a la existencia de irregularidades en la actuación de varios jueces y Fiscales Del Poder Judicial de la provincia de Jujuy lo cual conlleva a afirmar que no existe imparcialidad e Independencia en el poder judicial lo que afecta de manera grave y grosera el servicio de justicia en la provincia de Jujuy que a la postre, es el garante de las defensas institucionales y, fundamentalmente, de los derechos y garantías de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Jujuy”.

El documento realiza una transcripción textual de los dichos de Baca en la conversación filtrada a los medios, en donde también se hace referencia a la presión ejercida por el titular del MPA Sergio Lello Sánchez hacia los jueces.

En lo que respecta al juicio político el diputado y presidente del PJ,  señala que “El estado, o en su caso los funcionarios que de él dependen, fue re responsable responsabiliza a administra administrativa,  civil, penal o políticamente ( aunque esta última posibilidad sólo pueda alcanzar a los funcionarios) cuando los actos  qué de ellos emanan afecten derecho privados,  y obligación de estos indemnizar los daños que produzcan,  situación que, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, tiene en la actualidad un anime apoyo”.

También, aclara que el juicio político “es una garantía de buen gobierno establecida para defender el principio de idoneidad política (...) y se trata de un reaseguro, de defender a comunidad contra la incapacidad, la negligencia o la Perfidia de sus representantes o (...) de un mecanismo de saneamiento institucional destinado a desplazar a magistrados y funcionarios no idóneos para desempeñar un cargo.

Por otra parte, señala que en el caso de Baca “se trata entonces de un juicio de responsabilidad política que tiene por objeto impedir que un mal funcionario, cualquiera sea la causa que motiva la falta de idoneidad, permanezca en el cargo”.

 “Es así, y en tanto y en cuanto, los hechos relatados, y fundamentalmente de los audios publicados se infiere la existencia de irregularidades en la actuación de jueces y fiscales que desprestigiar al poder judicial, haciendo dudar del imparcial funcionamiento del servicio de justicia, garante de la defensa de las instituciones y los derechos de las personas”.

Además, señala que Baca no negó la veracidad de esos dichos, sino que sólo manifestó su malestar por tratarse de una conversación privada y grabada sin su consentimiento, y sólo se “preocupó en defender la independencia del Poder Judicial”.

Sobre ello, el pedido indica “hay expresiones que aluden a la influencia del Gobernador de la Provincia sobre el Poder Judicial, lo que significa que no se respeta el sistema republicano, aunque de ello, no tengo prueba alguna”. Sin embargo, Rivarola, destaca que sí “se encuentra probado es que el Juez denunciado tenía conocimiento de las irregularidades en el actuar de Magistrados y Fiscales”. Los dichos del presidente del STJ “resultan una confesión expresa de su posición personal- aunque no de todo el cuerpo- como magistrado respecto del conocimiento que tiene en la actualidad sobre ciertas irregularidades- por no decir ilegalidades- y su posición de falta de independencia para con el Poder Ejecutivo Provincial”.

“El Dr. Pablo Baca conocía -y conoce esas- irregularidades y, lejos de denunciarlas, ha optado por el silencio, silencio que, a esta altura de las circunstancias, lo convierte en encubridor”, hecho que implica la posibilidad de apartarlo de su cargo.