Salen a las calles por la crítica situación en comedores, el gobierno jujeño responde con contravencionales

El último jueves, organizaciones sociales protagonizaron una multitudinaria jornada de protesta para pedir asistencia alimentaria para comedores de cara a las fiestas de fin de año, sin embargo, la gestión Morales lejos de leer el mensaje de las calles volvió a acudir a la política punitiva y repartió actas contravencionales a quienes participaron de la manifestación.

Fue la Coordinadora de Organizaciones Populares de Jujuy la que hizo púbica la situación que atraviesan sus integrantes, que recibieron las notificaciones tras la protesta que reflejaba la crítica situación que atraviesan comedores y merenderos de la provincia y la ausencia de la ministra Natalia Sarapura.

Señalando que son víctimas de “criminalización y persecución política”, las organizaciones que integran el espacio (Polo Obrero Tendencia, Rebelión Popular, Movimiento Resistencia Popular y FOB La Libertaria) apuntaron el uso del Código Contravencional para acallar los reclamos en las calles.

“No es novedad en Jujuy este cuadro de situación, donde el uso punitivo de las contravenciones se presenta hasta por colgar una foto de una víctima de femicidio en las rejas casa de gobierno (en referencia a lo que tuvo que padecer Mónica Cunchila en dos oportunidades durante la marcha de las velas que realiza todos los martes) y donde la justicia funciona como una oficina al servicio del ejecutivo, no obstante, vemos un recrudecimiento de esta realidad que consideramos, es necesario detallar”.

Y detallaron “en la jornada por el rechazo al acuerdo con el FMI (del día sábado), jornada nacional y multitudinaria en todas partes del país, donde Jujuy no fue la excepción, muchísimas organizaciones y miles de compañerxs nos congregamos en la plaza central de San Salvador para participar de la jornada. En esta acción de la más amplia unidad de un modo totalmente descarado y persecutorio se labró un acta de intimación a 4 compañerxs, todxs ellxs miembrxs de las organizaciones nucleadas en la Coordinadora, en una clara muestra de hostigamiento y de cacería a nuestrxs compañerxs. En una manifestación de más de 6 mil personas, las fuerzas de seguridad se presentaron directamente ante estxs compañerxs, haciendo uso de los instrumentos inconstitucionales de Gerardo Morales”.

Situación que ya viene ocurriendo desde hace tiempo. “Esta última operación es la continuidad de estas mismas ilegalidades aplicadas hacia nosotrxs mismxs durante las últimas semanas. Este día viernes 10, dos de nuestrxs compañerxs, fueron notificadxs formalmente que se encuentran imputadxs por delitos de contravención con el argumento de haber perturbado la paz social. Esto luego de ejercer el derecho a la legítima protesta el día jueves, de modo totalmente pacífico y dentro de las libertades para la libre expresión contemplados en la constitución misma”, señalaron en la denuncia pública de lo que viene ocurriendo con integrantes de la coordinadora.

Asimismo, indicaron “todo esto se ve aún más agravado por las reiteradas cedulas de notificación de distintos ministerios, la constante presencia de funcionarios de Morales que se apersonan a “controlar” en nuestros espacios día tras días, permaneciendo en los mismos de un modo totalmente provocador y amenazante. Esto se ha dado en instancias comunitarias como comedores, talleres para las infancias, clase de apoyo, entre otros”.

Además, consideraron que “ante esta clara intención del ejecutivo provincial de hacernos blanco de toda su violencia institucional, y de continuar y profundizar la persecución política sobre nuestrxs compañerxs, es que queremos denunciar y repudiar enérgicamente la gravedad de estos hechos. Como así también, responsabilizar directamente a Gerardo Morales por las consecuencias de esta cacería política”.

Apuntando a que estas acciones del gobierno de Morales sólo buscan “amedrentar al movimiento obrero y popular de los barrios por la incapacidad misma que tiene”, por el contrario, lo único que hace es reforzar la lucha del espacio por “reclamos genuinos y una salida para arrancarlos”, por lo que exigieron que se anulen todas las causas contravencionales recibidas.