Una ley que dejó expuesto nuevamente que el oficialismo -con apoyo del PJ- implementa leyes con fines únicamente recaudatorios: tal como ocurre con la tasa GIRSU, ayer la Legislatura aprobó la aplicación del Seguro Provincial de Salud -SEPROSA- que obliga a toda la población jujeña a pagar alrededor de 50 mil pesos mensuales para sostener el sistema público sanitario, generando rechazo por parte de organizaciones sociales, políticas y sindicales, incluso por parte de dirigentes del peronismo local que disputa la conducción del partido, tal como ocurre con Carolina Moisés.
Fue desde la agrupación Generación Valiente -que acompaña a la senadora en la interna- quien lanzó un comunicado repudiando lo ocurrido en el recinto. “Registro de pobres de la UCR”, tal como tituló el documento, apunta a como el oficialismo usa esta herramienta legislativa para convertir la salud en un negocio.
Detallando que el proyecto tuvo la firma de 16 legisladores del Frente Cambia Jujuy (ni siquiera por todo el bloque), además de contar con el aval del vicegobernador Alberto Bernis, el comunicado subraya que “esta ley obliga a los jujeños sin obra social a pagar por servicios básicos de salud, estableciendo la obligatoriedad de tener el Seguro del Instituto de Seguros de Jujuy. Para no pagar los ciudadanos tienen que sacar una credencial probando que no tienen los recursos para hacerlo. Jujuy es una provincia con el vergonzoso récord de 52% de pobreza y donde el 40% de los trabajadores sobreviven en la informalidad”.
Así, desde el espacio consideraron que esta normativa no hace más que acentuar la desigualdad con “salud para los ricos”, para quien pueda pagar y “deuda para los pobres”.
Y agregaron “además de luchar contra la precariedad impuesta por este gobierno, vas a tener que pagar para que te atiendan o demostrar que sos pobre. No solo la cuota mensual, sino también un coseguro. Y todo esto de manera obligatoria. SEPROSA deja a miles de jujeños fuera del acceso a la salud, un derecho que debe ser público, universal y gratuito”.
Por otra parte, Generación Valiente también apuntó a los negocios que se abren con esta ley y que tiene como beneficiarios a funcionarios del Gabinete provincial. “Este seguro no es para cuidar a los jujeños. Es un negocio redondo para los amigos de Gerardo Morales y Gustavo Bohuid. Todo esto en una provincia donde más del 70% de los trabajadores no superan dos salarios mínimos”.
A pesar de ello, omitió señalar que otro de los beneficiados será Rubén Rivarola, quien ayer en el recinto dijo sin tapujos “el que quiere salud que la pague”. El diputado es dueño de una clínica que tiene convenio con el ISJ, que será el órgano de aplicación del SEPROSA.
Asimismo, el espacio indicó “el Frente Cambia Jujuy, que ya arruinó la economía de las familias, ahora apunta al derecho a la salud. En lugar de resolver la crisis que ellos mismos profundizaron, imponen un sistema que castiga a los pobres y convierte la enfermedad en un negocio. En Jujuy, con este gobierno, la salud dejó de ser un derecho para transformarse en un lujo”.
Por último, advirtieron “desde el peronismo rechazamoa esta ley injusta y criminal. La salud no puede ser una mercancía ni un privilegio. Vamos a pelear para devolverle a los jujeños un sistema sanitario que proteja, no que cobre. No permitiremos que sigan ajustando a quienes menos tienen. ¡La salud es un derecho, no un negocio!”.
Hasta el momento el espacio que lidera Carolina Moisés fue el único que se expidió y que participa de la interna del PJ jujeño. Llama la atención el silencio de Leila Chaher y Guillermo Snopek.