Se aprobó el Acuerdo Interprovincial para la gestión de la cuenca hídrica en Salinas Grandes

Legisladores aprobaron con fuerza de ley 6411 el Acuerdo Interprovincial para la Gestión Integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes, suscripto entre los Gobiernos Provinciales de Jujuy y Salta en el 2023, esto, sin informar que ya enviaron un pedido de asistencia técnica al Banco Mundial para estudios en la cuenca en la puna salto-jujeña y sin tener en cuenta a las comunidades que iniciaron una demanda en defensa del agua ante el extractivismo.

El diputado Adriano Morone (UCR) fue el miembro informante del acuerdo interprovincial y dijo que “estará integrada por funcionarios provinciales de ambos gobiernos: de asuntos hídricos, minería, ambiente; pero también prevé la participación de comunidades originarias y tiene por función principal la realización de estudios hidrogeológicos para estudiar y analizar el estado y renovación del agua y posibles afectaciones”.

Como miembro informante debería haber brindado los datos a la Cámara sobre la documentación de una solicitud de apoyo técnico al Banco Mundial en la misma consideran que “en el marco del desarrollo de la actividad minera del litio que se ha incrementado significativamente en los últimos años, considerándolo un mineral crítico para la transición energética  y la electromovilidad, si bien la minería constituye una industria clave, declarada de interés público , debe llevarse a cabo con sustentabilidad social y ambiental” expresan aunque hay un doble discurso porque los grandes ausentes son las comunidades de Salinas Grandes.

La sanción de la ley 6411 es grave y más aún, con la liviandad con la que fue aprobada donde se pone en riesgo el uso del agua dulce en los salares para los proyectos mineros.

El diputado Martín Fellner (PJ) en su intervención señaló que es un tema fundamental para la provincia el uso, disponibilidad del agua. “Celebro que se ponga en agenda el tema” y ante el acuerdo entre las provincias pidió que “se cite el art 124 de la Constitución Nacional y no el art 41 como figura en el decreto original” marcó el error. “Luego pidió la respuesta del pedido de informes sobre el manejo del agua de la empresa Mekorot para ver si se complementa con el acuerdo interprovincial” recordó el pedido realizado meses atrás. Dando cuenta la falta de acceso a la información pública. 

La diputada Natalia Morales (FIT) cruzó al oficialismo y expuso “no les creo nada, no dicen nada sobre la creación de un comité interprovincial que es producto de un fallo de la Corte Suprema que iniciaron las 33 comunidades de Salinas. Avanzan sin el consentimiento de las comunidades. Están ocultando un acta de la cuenca de Salinas donde arman un comité sin las comunidades” enfatizó en el recinto.

“A quién quieren engañar? El acta con fecha de julio donde piden plata al Banco Mundial para hacer los estudios. Lo vemos muy grave a este tema, como el extractivismo afecta a estos humedales en la puna. Jujeña-salteña”, señaló la legisladora y apuntó a las divisiones que genera el Estado provincial a las comunidades indígenas, ante los proyectos mineros.

El fallo de la Corte Suprema de años atrás establece que los proyectos mineros en Salinas deben tener el consentimiento de las 33 comunidades y que se cumpla con el Cachi yupi.  Este año las comunidades de Rinconadillas y Lipán realizaron presentaciones judiciales porque no hubo consulta, solo firmaron algunos integrantes que no significa decisión de las comunidades para que avancen los proyectos mineros. Ante ese escenario, el gobierno provincial otorga autorizaciones individuales y es el motivo de conflicto social en esos territorios.

Ante el argumento de la diputada Morales, el radical Morone calificó la intervención de mentirosa, cuestionó que se arrogue representación de las comunidades y dijo que “en Salinas los proyectos de minería avanzan son 3 y hay 150 expedientes iniciados porque no tienen acuerdo”, señaló el diputado oficialista, quien omitió que esos 3 proyectos se dieron dividiendo a las comunidades y presentando proyectos turísticos y mineros, sin informar de las consecuencias ambientales. Sin hacerse cargo que es el Estado provincial el que otorga proyectos individuales incumpliendo el fallo de la Corte y que se cumpla con el derecho a la consulta libre previa e informada y que los proyectos mineros deben tener el consentimiento. 

La Legislatura aprobó el acuerdo, transformando en ley, a manera de trámite desconociendo los acuerdos que están avanzados en el marco de la mesa del litio. Serán las comunidades de Salinas Grandes y Lagua de Guayatayoc que llevarán a la Corte Suprema estás acciones de los gobiernos de Salta y Jujuy.