Se reanuda la audiencia contra manifestantes contra la Reforma Constitucional

Luego de suspensiones anteriores, esta tarde se retoma la audiencia contra veinte dirigentes sociales que fueron parte de la protesta del 20 de junio de 2023 contra la Reforma y que puede llegar a definir si finalmente se eleva a juicio la causa. La citación la realizó el juez de Control en lo Penal y Delitos de contra la Administración Pública, Rodolfo Fernández y será a las 16 horas de forma virtual, tal como viene ocurriendo con las audiencias preliminares. Durante las seis citaciones anteriores, la defensa de los acusados apuntó a las diversas irregularidades dentro de la investigación, como así también cuestionaron la imparcialidad del magistrado, por lo que pidieron su apartamiento, aunque el Fernández rechazó el planteó y continúa a cargo del proceso judicial. Lo más llamativo fue la ausencia de la querella que representa el fiscal de Estado, Sebastián Albesa, quien no fue parte de la primera audiencia, por lo que uno de los abogados de los acusados advertía que, de esta manera, el funcionario desistía de la querella. De igual manera, el fiscal del MPA, Diego Funes consideró que al no contar con la participación de Albesa, este abandonaba la causa. Ya en una segunda citación, el representante del Estado se hizo presente y planteó una reserva sobre la supuesta desestimación de la causa, bajo el argumento que se violaba derechos constitucionales al no permitir a la querella participar en el juicio, provocando así un perjuicio al Estado provincial. La justificación de Albesa fue cuestionada por la defensa que apuntó que las garantías constitucionales sólo están dirigidas a personas y no a instituciones. Más allá de ese punto, el grupo de defensores de los 20 hombres acusados advierten sobre la falta de claridad en las pruebas presentadas para imputar a dirigentes y manifestantes, dado que no puede detallar en qué momento y en qué lugar se cometieron los delitos por los cuales podrían llegar a juicio. Las sospechas de la defensa se basan en casos donde la justicia tuvo que sobreseer a quienes habían sido acusados de haber participado en la manifestación del 20 de junio en las inmediaciones de la Legislatura, el caso más escandaloso fue el del dirigente de OLA, Alí Peralta, quien había sido señalado de haber estado en los disturbios cuando Gerardo Morales juró la nueva Constitución reformada. Durante esos días, Peralta ni siquiera se encontraba en la provincia, ya que estaba al cuidado de su padre en una clínica de Mar del Plata, hasta que se produjo su deceso. Si bien su abogada antes que fuera citado a juicio contravencional había presentado las pruebas para que se desestimara la investigación, el proceso continuó basado en filmaciones y testigos. A pesar de ello, Peralta obtuvo el sobreseimiento, aunque ello fue una muestra del armado de causas que existe en Jujuy.