Será a partir de las 10 que diputados y diputadas de la provincia se reúnan en el parlamento jujeño para debatir sobre la reglamentación de la ley 6116 del Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras, en un intento de justificar un gasto que no es real: la incidencia en la atención apenas supera el 1%.
El tema se coló en el orden del día pese a no tener tratamiento en comisión y se da por descontado su aprobación, tal como ocurre con todos los proyectos que presenta el oficialismo. De hecho, el mentor de la ley fue el propio ministro de Salud, Gustavo Bouhid.
La sanción de la norma se produjo en febrero de 2019, fue el accidente sufrido por el músico jujeño Manuel Vilca en Bolivia, el punto de partida para que el gobierno de Gerardo Morales presentara el proyecto de ley. En el medio de la discusión, el entonces mandatario señalaba que Vilca había recibido “malos tratos” -versión que el propio músico desmintió- además de que se le había cobrado la atención médica.
La desmentida también llegó por parte del gobierno de Bolivia: Gabriela Montaño, quien era ministra de Salud del vecino país, le enviaba una carta a Morales, en la cual le señalaba “Manuel tuvo la opción de recibir las mismas prestaciones que reciben los bolivianos, al igual que todos los extranjeros que se encuentran en territorio boliviano, si así lo necesitan. Es decir, no hubo ningún tipo de discriminación por su nacionalidad. De esta manera, Manuel fue atendido en la ciudad de Oruro, donde él mismo hizo el alta solicitada para trasladarse a la ciudad de Cochabamba”.
Finalmente, el tema se solucionó con la firma de un convenio de reciprocidad sanitaria entre Argentina y Bolivia en julio de ese mismo año. El acuerdo apuntaba a la cooperación entre ambos países en materia de asistencia médica en establecimientos de salud pública, sistemas de vigilancia epidemiológica y acciones sanitarias en las zonas fronterizas.
Más allá de este convenio, Gerardo Morales y su ministro de Salud dejaron sobrevolando la idea que la atención médica a extranjeros repercutía de manera significativa en las arcas del Estado provincial, hecho que los datos del propio Ministerio de Salud refutan. En 2017, un informe realizado en consultorios externos y guardias del Hospital Pablo Soria, indicaba que del total de las personas atendidas, el 96% fueron atenciones realizadas a pacientes argentinos y sólo el 3,7% a extranjeros.
Con el correr de los años, ese porcentaje marcó un descenso “según el anuario del Ministerio de Salud de Jujuy del 2019, hubo 49.175 egresos hospitalarios, de los cuales 121 fueron de otros países. Un 0.28%”, expuso la diputada del FIT Unidad, Natalia Morales, quien cuestionó que la reglamentación de esta ley no hace más que estigmatizar y que el gobierno utiliza como “chivo expiatorio ante un sistema de salud cada vez más precario por las políticas de ajuste en estos años”.
El coeficiente fue aún más bajo en 2021: “hubo 42.965 egresos hospitalarios, de los cuales 469 fueron de otros países. Un 1.09%”, apuntó la legisladora y consideró que “la incidencia de atención de la salud de migrantes extranjeros en Jujuy no tiene peso en las prestaciones y su presupuesto”.
Así, Natalia Morales recordó que fue el propio Bouhid “mentor de la Ley 6116, sostuvo que las mujeres pasan la frontera con Bolivia para parir en Jujuy”, dato que también pudo desmentir mediante un informe de la DIPEC, el cual indica que “para el año 2022 se constató en Jujuy, 29 nacidos vivos de otros países, de un total de 7764, o sea un 0.37%”, detalló.
“El Gobierno de Jujuy, xenófobo y racista, ubica como responsables de salud pública precaria a las y los extranjeros temporarios, que tienen derecho a ser explotados en condiciones esclavas pero no a contar con el acceso universal a la salud”, criticó la diputada, que además consideró que “para la UCR y también PJ, el problema es el extranjero pobre e indio, seguramente explotado en la fincas de algunos o que limpian la casa de otros, porque si se trata de las multinacionales extranjeras, RIGI y lluvia de favores como el 0% en Ingresos Brutos. ¿Cuánto se pierde?”.
En esa misma dirección, la legisladora provincial apuntó que el ministro Bouhid “debería rendir. ¿Cuánto es el presupuesto de ajuste en salud? ¿Cuánto implica la atención a población extranjera temporaria? ¿Cuánto se recauda por el sistema de recupero de Salud? ¿Cuánto se destina a financiamiento y negocio de clínicas privadas?”.
Por último, Natalia Morales recordó “la salud es un derecho universal. Las leyes de arancelamiento a un sector vulnerable como son los migrantes extranjeros refuerzan la política de la salud como mercancía. Reaccionaria y regresiva de lo que está en la Constitución Nacional, pero además xenófoba y discriminatoria”.
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