Siguen sin avanzar las causas de violencia de género, abuso sexual y laboral contra funcionarios

Tras las denuncias hacia que pesan contra varios funcionarios del gobierno de Gerardo Morales, por abuso sexual, violencia laboral y violencia de género, el Observatorio de Políticas Públicas con Perspectiva de Género de la Legislatura provincial, integrado por legisladoras justicialistas convocaron esta mañana a dos víctimas de violencia de género, principalmente, para conocer el estado de las causas, y todo lo que generó estos procesos, ya que los violentos fueron y son funcionarios del Estado provincial de esta gestión.

Agustina Aramayo, hizo una denuncia administrativa al Superior Tribunal de Justicia (STJ) hace cinco meses y al día de hoy no pudo acceder al expediente. Si bien ahora rige la feria judicial, pero esa causa no avanzo. Son muchos detalles que hacen a la complicidad del estado en amparar estos casos, debido a que el agresor es nada más que Sergio Lello titular del ministerio Público de la Acusación (MPA).

Así también fue convocada la víctima de Néstor Navarro – ex funcionario, primo de Gerardo Morales que hoy pide licencia para asumir un cargo en el Congreso de la Nación- que fue representada por la abogada Claudia González, y se sumó al encuentro el abogado Luis Paz como referente a la Asociación de Abogados de Jujuy.

Luego del encuentro Aramayo destacó que pudieron intercambiar opiniones con las legisladoras. “Ellas escucharon los relatos y lo que venimos padeciendo los denunciantes. Esperamos que nos brinden apoyo desde este espacio y que se logren informes y expedientes para acceder, porque no pudimos acceder. Solo sabemos sobre el último dictamen del Dr Ficoseco, Fiscal del Superior Tribunal de Justicia – a quien se le quiso seguir un juicio político .

Así también resaltaron las denunciantes que no hubo comunicación con el Consejo Provincial de la Mujer, a pesar de su creación no tuvieron intervención.

Los abogados celebraron la conformación de un Observatorio como iniciativa del poder legislativo “nos satisface, nos compromete y puntualmente por las denuncias contra el titular del MPA tengo que decir que estamos en la instancia judicial y es inadmisible la demora en la que incurrió el STJ y no es cualquier causa, sino que son denuncias iniciadas por los abogados Aramayo y Montiel, puntualizó González.

“Invocan persecución, mal trato, violencia laboral, agresión y además violencia de género en el caso de Aramayo y el STJ desde julio hasta ahora no ha demostrado tener interés en la causa, ni siquiera lo pusieron a conocimiento al Fiscal General Lello de esas denuncias para que haga ejercicio de su derecho a la defensa”.

Sin embargo, los abogados comentaron que esperan que el nuevo presidente del STJ Dr. Pablo Baca, tramite esta causa.

El abogado Paz resaltó que en este Observatorio las víctimas van a poder encontrar amplificar su voz sobre las distintas situaciones que se han hecho públicas en la provincia. La invitación a la Asociación de Abogados de Jujuy fue porque decidimos acompañar a las víctimas.

“Me parece que le cabe al STJ una responsabilidad inédita de llevar adelante y sustanciar un proceso que lo tiene como denunciado al titular del MPA

El observatorio está recabando datos de las víctimas de violencia de género y otros delitos como es el caso del ministerio de Trabajo, del MPA, del ex funcionario del ministerio de Seguridad que deja en evidencia un patrón de muchos funcionarios de este gobierno y creemos que hay una línea política de “aguantar” a estos funcionarios que tienen denuncias de abuso respecto de sus empleados.

Respecto al pedido de Navarro de una licencia en el Poder Legislativo para ocupar un cargo en el Congreso de la Nación, la AAJ se ofreció como órgano técnico para opinar sobre el tema cuando el Observatorio recabe todas las pruebas.    

Al término del encuentro a una semana de la creación de este órgano -presidido por Liliana Fellner y sus pares Leila Chaher, Fátima Tisera y Débora Juárez Orieta- Chaher sostuvo que “nos preocupa que hay un patrón en los distintos poderes del Estado de situaciones de abuso de poder, violencia sistemática, con hechos cotidianos de violencia de género y laboral contra trabajadoras”.

Desde el rol de legisladoras van a solicitar la reglamentación e implementación de la Ley Micaela, para capacitar con perspectiva de género a los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Débora Juárez, confirmó que le pidieron una audiencia al gobernador Gerardo Morales y también a la titular del Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Martínez. Sobre esta última, enfatizó «justamente firmó un convenio con un funcionario denunciado, Sergio Lello Sánchez, y hace un rato recibimos a una víctima que fue avasallada por él».

«Hay que cortar de cuajo esta línea de conducta del gobierno provincial -continuó Juárez-. Hay gente que abusa, que acosa y luego no hay solución. Se los tapa, se los cambia de lugar y en algunos casos se los premia. Nunca hay sanción».

Por último, Fátima Tisera invitó a sumarse al Observatorio y recordó que están disponibles en la Legislatura para recibir a cualquier mujer que haya sido víctima de violencia. Adelantó además que van a habilitar una línea telefónica gratuita para atender denuncias y consultas, entre otras acciones que tienen proyectadas y para las que necesitan todavía sumar gente.

Mientras duro la reunión, integrantes de colectivos feministas acompañaron a las víctimas en este proceso luego de animarse y denunciar en la justicia la violencia que padecían.