Durante la cuarta sesión ordinaria, la Legislatura jujeña ayer aprobó la prórroga por un año más de la ley de emergencia de género en Jujuy, normativa que nació del dolor que produjo la seguidilla de femicidios ocurridos en la provincia en 2020.
Conocida como ley Iara en conmemoración de la adolescente asesinada en Palpalá, la lucha de su familia y de otras víctimas de femicidio derivó en el reclamo generalizado de una política para erradicar la violencia machista.
En apenas 35 días, Jujuy fue escenario de cinco femicidios. En el contexto de la pandemia, los casos de violencia contra las mujeres acrecentaron, pero en la provincia marcó un antes y un después: con masivas movilizaciones en las calles, incluso en Palpalá luego del hallazgo del cuerpo de Iara Rueda, la comunidad protagonizó una pueblada que terminó en represión. A pesar de ello, las protestas no concluyeron, hasta tanto el Ejecutivo diera una respuesta concreta.
Así, luego de varios años de movimientos feministas de exigir una ley, el gobierno de Morales tuvo que reconocer la problemática y envió un proyecto de declaración en violencia de género. El reclamo fue tal, que la Legislatura tuvo que abrir sus puertas para escuchar propuestas enriquecedoras de movimientos de mujeres y organizaciones.
Desde un principio, las críticas que se hicieron al proyecto del Ejecutivo fue sobre el presupuesto, la ley no contenía un número específico y así poder desarrollar acciones en el ámbito de la salud, educación, seguridad y vivienda. Dicho punto se mantiene.
“Reasígnese las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas pertinentes para hacer frente a la Emergencia declarada”, expresa el artículo 2 de la prórroga, por lo que no produce ninguna mejora al texto original.
En ese sentido, desde el cuerpo legislativo detallaron que dicha partida presupuestaria es fijada por la ley de presupuesto, de los recursos provenientes de leyes y/o subsidios provinciales y/o nacionales y de los recursos provenientes de legados, donaciones, contribuciones, programas y aportes de personas humanas y/o jurídicas, públicas o privadas, estatales o no, nacionales, provinciales, municipales o internacionales.
Teniendo en cuenta estas fuentes de financiamiento, la ley de emergencia de género en Jujuy cuenta con menos recursos que en 2023 como consecuencia de la subejecución presupuestaria del 65% que implementó el gobierno de Javier Milei respecto al programa Acompañar (que permitía a víctimas de violencia de género percibir por seis meses una asignación económica equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil) y de la línea 144.
Más allá de lo presupuestario, también se mantuvo en el ley que el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades tenga que informar anualmente a la Legislatura, las acciones realizadas para combatir la violencia de género, punto que Alejandra Martínez mientras ostentó la dirección del organismo, nunca cumplió.