Sin medida cautelar, comunidades de El Moreno temen por el avance del litio

El viernes último, las comunidades indígenas de El Moreno asistieron a la audiencia en el Juzgado Ambiental donde la justicia debía resolver el pedido de amparo para que se impida la explotación de litio en la zona, audiencia que tuvo un revés para los pueblos preexistentes: la empresa Litihos pidió que se deje sin efecto la demanda por falta de personería jurídica.

La fragilidad jurídica en la cual están inmersas los pueblos preexistentes de la provincia se magnificó con la reforma de la Constitución, donde el Estado provincial puede valerse de las tierras fiscales para su venta y uso. El recurso legal de las comunidades indígenas es obtener la personería jurídica, trámite que realiza el gobierno, que apoya este tipo de emprendimientos, de hecho, el conflicto que se inició en el pueblito de Tumbaya también participa JEMSE, la empresa estatal de energía y minería.

El conflicto se inició en marzo: la comisionada de El Moreno, Angélica Castillo -de extracción radical- el día 10 propiciaba una reunión secreta con representante de la empresa minera Lithos, que tiene como proyecto la explotación de litio.

Asimismo, también estuvieron presentes Analía Ruiz, Secretaria privada del Gobernador Morales, Yolanda Cruz en representación del Ministerio de Desarrollo Humano, un funcionario de JEMSE y miembros de la comunidad de Lipán. La votación resultó favorable para el proyecto extractivista: con la asistencia de 25 personas integrantes de la comunidad, lograron por el voto de 20 a favor, 4 en contra y un voto en blanco, la aprobación para la explotación minera de 11 mil hectáreas.

La reunión se caracterizó por la total irregularidad, primero, Castillo participó como secretaria de actas de la comunidad indígena de Lipán, sin embargo, luego hizo valer el acta de la votación como funcionaria. Se sumó que la votación fue secreta e individual. Tampoco se le dio la participación de las comunidades de Angosto-El Moreno, Inti Killa, Pozo Colorado, San Miguel de Colorado, Saladillo y Ojo del Salar, pertenecientes al ejido municipal de la Comisión Municipal de El Moreno.

Sin la realización de la consulta previa, libre e informada, las comunidades de El Moreno acompañadas por las de Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc presentaron dos amparos, uno informativo, donde solicitaron a la justicia que obligue a JEMSE toda la información referida a la licitación que realizó a finales de 2022 y la entrega de siete catastros que se encuentran diseminados dentro de la cuenca, mientras que el segundo recurso fue una demanda de amparo ambiental para detener el proyecto de explotación.

Los dos fallos fueron a favor de las comunidades: en abril el gobierno tuvo que entregar la información a las comunidades sobre el proyecto, mientras que JEMSE omitió cumplir con la suspensión de los procedimientos administrativos que había ordenado la jueza ambiental María Laura Flores, por lo que órgano provincial continuó con el proceso de dar legalidad a la concesión para exploración y explotación minera a Lithos.

Así, en noviembre, la empresa extractivista entregaba en noviembre a la comunidad de Lipán, la única a la que se dio participación, el estudio de impacto ambiental, al cual adosó un pedido de nuevas áreas de exploración. La comunidad prestó su consentimiento al inicio de trabajos de exploración.

Frente a la avanzada, las comunidades indígenas que se oponen a la actividad litiera continuaron la senda judicial y el último viernes se concretó una audiencia por el recurso de amparo para frenar el proyecto.

Allí, Alicia Chalabe, en representación de los pueblos preexistentes, planteó la incompetencia del juez ambiental Armando Puca y la falta de legitimación de los actores.

También se hizo mención que la explotación afecta a las comunidades colindantes de El Moreno, como así que los pedimentos afectada directamente a los comuneros Clemente Flores de El Angosto y Walter Castillo de Lipán.

En contrapartida, los abogados de Lithos plantearon que deje sin efecto la demanda por falta de personería y que las comunidades tienen 10 días para contestar.

La estrategia de la defensa de los pueblos será en plantear una medida cautelar para que se suspenda la exploración.