Sin pruebas, la justicia jujeña dictó el sobreseimiento a dos ex candidatas a diputadas

Un grafiti con la frase de “aparición sin vida” y la imagen de Gerardo Morales, le valió a Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez la imputación de amenazas, causa penal que se cayó por la falta de pruebas, por lo que la justicia local debió dictar el sobreseimiento de las 2 ex candidatas a diputadas.

Todo comenzó el 20 junio del año pasado -días antes de concretarse las elecciones legislativas en la provincia-, cuando aparecieron pintadas contra el gobernador, por lo que se inició una investigación. Tres días después de los comicios, Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez, quienes fueran candidatas por la agrupación AJI20 eran notificadas de haber sido imputadas por amenazas, ambas habían sido señaladas de haber sido las autoras de haber pintado los grafitis contra Morales.

Recién dos meses después de enterarse de la imputación, la defensa de las mujeres pudo acceder al expediente, el cual, como prueba contra las referentes del espacio socioeducativo era solamente “parecerse” a quienes habían efectuado la pintada.

Cronología de una causa armada

Desde AJI20 y la organización barrial ATD -Asamblea Trabajo y Dignidad- apuntaron al armado de la causa: 48 horas antes de los comicios del 27 de junio, la policía detiene a un integrante de la Biblioteca Niñxs Pájarxs y lo trasladan a una seccional, donde recibe apremios con el fin que involucre a referentes de la lista de AJI20 en la pintada. El joven se niega y es liberado al día siguiente.

El lunes posterior a las elecciones, amigos del joven que fue torturado advierten a referentes de la biblioteca que la policía intentaba involucrar a personas del espacio en la grafiteada.

Al día siguiente -martes 29 de junio- llegan citaciones a los domicilios de Marisol Velázquez y Ana Ramos, por lo que el 30 de junio se presentan en la Agencia Provincial de Delitos Complejos donde se enteran que habían sido imputadas por el delito de amenazas.

Recién el 2 de septiembre pueden acceder al expediente.

Desde aquel entonces, la defensa de la docente comunitaria y la periodista pidió el sobreseimiento por la precariedad de las pruebas. Asimismo, pidieron a la justicia que incorpore en la investigación el análisis de la localización de los celulares, el movimiento de la tarjeta SUBE, pero la justicia se negó a esto, además de permitir al fiscal Diego Funes -el mismo que inició la investigación a organizaciones sociales por supuesta asociación ilícita y extorsión- seguir recolectando pruebas, por lo que se imposibilitó el sobreseimiento.

La incorporación de las pruebas por parte de las mujeres tenía un motivo: ese 20 de junio (día de la grafiteada) Ana Ramos estaba con covid -monitoreada por el COE provincial-, mientras que Marisol Velázquez estaba con su familia festejando el día del padre.

Sin la posibilidad de defenderse, las mujeres apelaron a organismos de derechos humanos nacionales para dar a conocer la injusta causa penal por la que atravesaban.

Antes de cumplirse el año del inicio de la imputación, nuevamente desde la biblioteca exigieron a la justicia jujeña que otorgue el sobreseimiento. Asimismo, en una conferencia de prensa detallaron que las nuevas pruebas recolectadas por el fiscal eran capturas de pantalla de las redes sociales de las acusadas.

Con ello, la causa finalmente llegó a su fin con el sobreseimiento de Marisol Velázquez y Ana Ramos.