Calculando el costo político que tendrá implementar el Seguro Provincial de Salud -SEPROSA- en un año electoral, Carlos Sadir dilata la promulgación de la ley que establece el pago obligatorio de la asistencia sanitaria a toda la población jujeña, hecho que no sólo es repudiado localmente, sino que además suma el rechazo de trabajadores de otras provincias y de asociaciones internacionales.
Con adhesión a lo planteado por el Foro en Defensa de la Salud Pública o con documentos propios, en cualquiera de los casos, los cuestionamientos advierten lo que será la privatización de un derecho establecido constitucionalmente.
Así, el Movimiento Sanitario Provincial de Buenos Aires -MOSAPRO- replicó el documento lanzado por el Foro, el cual detallaba que el SEPROSA es la segunda fase del plan de privatización que inició Gerardo Morales y Gustavo Bouhid desde 2017 del sistema de salud. La primera etapa consistió en “la desestructuración del sistema sanitario público, el desmantelamiento de la atención primaria de la salud, la tercerización de servicios con empresas privadas, la precarización y los bajos salarios de los y las trabajadoras del sector, profundizando la crisis de recursos humanos en esta área, para luego avanzar con el arancelamiento de la salud pública”.
Asimismo, el documento destaca que este plan de privatización también responde a las recetas del Banco Mundial y que su primera avanzada en el país ocurre bajo el gobierno de Carlos Menem, quien firma el Decreto 582 donde se establece el arancelamiento de la salud y los Hospitales de Autogestión. Este plan de privatización continúa con Mauricio Macri en 2016, al aprobar la Cobertura Universal de Salud, que se comienza a implementar tanto en Mendoza como en Jujuy, por lo que se introduce el concepto de sistema de seguros en salud pública.
Por otra parte, el documento del Foro al que adhirió el MOSAPRO destaca los negocios de varios dirigentes de la política con la salud, que incluye al propio ministro Bouhid, al diputado Rubén Rivarola y al legislador nacional libertario Manuel Quintar.
En tanto, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) apuntó a la vulneración del derecho del acceso a la salud al señalar que la aplicación de la ley “desalienta o excluye de la atención a vastos sectores de la población que por estar desocupados o precarizados en sus trabajos (y por tanto sin acceso a una Obra Social) sólo cuenta con los efectores del estado para acceder al Derecho a la Salud. Un Derecho garantizado por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales suscriptos por nuestro país que tienen jerarquía supralegal”.
De esta manera, desde ambos espacios sumaron su apoyo para que la ley 6453 sea derogada por el gobernador, que hasta el momento no se ha manifestado.
Frente a la posibilidad que dicha ley finalmente sea promulgada, el viernes el Foro en Defensa de la Salud Pública organiza manifestarse en la capital, aunque todavía no brindó más detalles.